Por Lidia Rita Bonilla Delgado
En pleno debate nacional sobre derechos humanos y libertad de expresión, organizaciones civiles, periodistas y activistas intensificaron la presión sobre el Congreso de Nuevo León para eliminar del Código Penal los delitos de difamación, injuria y calumnia, figuras legales que aún pueden derivar en procesos penales e incluso cárcel para quienes investigan, denuncian o emiten opiniones públicas.
La exigencia tomó fuerza mediante la petición ciudadana impulsada por el colectivo Despenalizando la Palabra en la plataforma , donde se exhorta a la presidenta del Congreso local, Itzel Soledad Castillo Almanza, a respaldar la despenalización de los llamados “delitos contra el honor”.
La iniciativa surge en un contexto nacional donde organismos internacionales, especialistas en derechos humanos y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación han advertido que el uso del derecho penal para sancionar expresiones públicas representa una amenaza para la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información.
Un estado rezagado en materia de libertad de expresión
De acuerdo con organizaciones impulsoras de la reforma, Nuevo León permanece entre las pocas entidades del país que todavía conservan figuras penales relacionadas con difamación, injurias y calumnias.
El propio Código Penal estatal contempla sanciones de hasta tres años de prisión por difamación, además de multas económicas.
El colectivo sostiene que estas disposiciones han generado un clima de intimidación y autocensura, particularmente para periodistas, activistas y ciudadanos que cuestionan al poder público o denuncian posibles irregularidades.
En su posicionamiento, “Despenalizando la Palabra” señala que las controversias relacionadas con el honor deben resolverse en tribunales civiles y no mediante procesos penales que puedan derivar en detenciones o persecución judicial.
El antecedente Jalife y el debate nacional
El debate tomó mayor relevancia tras el caso del analista Alfredo Jalife, denunciado bajo delitos de difamación y calumnia en Nuevo León. En 2024, un juzgado federal declaró inconstitucionales esas figuras penales dentro de ese proceso, decisión celebrada por ARTICLE 19 como un precedente importante para la defensa de la libertad de expresión.
ARTICLE 19 ha documentado desde años atrás el uso de estas figuras jurídicas para intentar inhibir investigaciones periodísticas y críticas públicas, señalando que el derecho penal debe ser el último recurso del Estado y no un mecanismo para silenciar voces incómodas.
Incluso en redes sociales y foros digitales, el tema ha provocado posiciones encontradas. Mientras defensores de derechos humanos consideran que criminalizar la palabra fomenta censura, algunos sectores sostienen que la difamación debe mantenerse sancionada para proteger reputaciones y evitar campañas de desprestigio.
Organizaciones y presión social
El movimiento “Despenalizando la Palabra” agrupa a más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, periodistas y activistas. Entre sus aliados aparecen colectivos de derechos humanos y defensa de periodistas como Amnistía Internacional, México Evalúa y Propuesta Cívica.
Además de eliminar los delitos contra el honor, la propuesta busca reformar figuras consideradas ambiguas, como “halconeo”, “desobediencia” y “revelación de secretos”, al considerar que pueden utilizarse discrecionalmente contra periodistas o manifestantes.
En marzo de 2026, organizaciones realizaron en Monterrey una Jornada por la Libertad de Expresión para promover el debate público y acercar la propuesta a estudiantes y sociedad civil.
Libertad de expresión bajo presión
La discusión ocurre en un escenario complejo para el ejercicio periodístico en México. Organismos internacionales han advertido sobre el aumento de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, mientras colectivos civiles insisten en que mantener delitos de opinión en los códigos penales fortalece mecanismos de intimidación institucional.
Aunque el Congreso de Nuevo León ya analiza posibles reformas para eliminar estas figuras, hasta ahora no existe una aprobación definitiva.
Para organizaciones impulsoras, la discusión trasciende el ámbito jurídico: se trata de definir si en México criticar, investigar o denunciar continuará siendo un riesgo penal o un derecho plenamente garantizado dentro de una democracia.
Estimadx,
¿Sabías que en Nuevo León te pueden encarcelar por opinar? 🗣️🔒
¡Firma, súmate y comparte esta petición para exigir a las autoridades que legislen en favor de la libertad de expresión! ✒️📣
Link de la campaña: https://accionar.org/peticiones/nocensuraennuevoleon/
Desde el Colectivo Despenalizando La Palabra , agradecemos tu solidaridad ¡porque sin libertad de expresión, es imposible construir una democracia para todes! 🫱🏽🫲🏾