Ciudad de México, 11 de octubre de 2024.- En una votación que tuvo lugar la madrugada del 11 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética. A pesar de que el objetivo declarado es devolver al Estado su papel protagónico en la rectoría del sector energético, especialmente en hidrocarburos y energía eléctrica, estas reformas han desatado un intenso debate sobre sus implicaciones climáticas y legales.
Uno de los puntos clave de la reforma es la intención de empoderar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), otorgándole prioridad en el despacho y generación de electricidad, con un objetivo de alcanzar un 56% del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, el uso de combustibles fósiles, como el carbón y el combustóleo, plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad y el compromiso de México con sus obligaciones climáticas.
La controversia se agudiza con la inclusión de una reserva propuesta por una diputada del partido Morena, que busca eliminar la obligación del Estado de liderar la transición energética y la reducción de gases de efecto invernadero (GEI). Esta modificación podría debilitar el marco legal existente, incluyendo la Ley de Transición Energética y el Acuerdo de París, compromisos internacionales que México ha asumido para mitigar el cambio climático.
Expertos y activistas han manifestado su preocupación, señalando que permitir al Estado deslindarse de estas responsabilidades contradice la finalidad de la reforma, que busca fortalecer su papel en el sector. La eliminación de esta obligación podría obstaculizar los esfuerzos para reducir las emisiones en el sector energético, que es uno de los mayores emisores de GEI en el país.
La reforma aún debe ser discutida en el Senado, donde se revisarán las reservas planteadas. Los críticos insisten en la necesidad de eliminar la reserva que exime al Estado de sus responsabilidades climáticas, enfatizando que el país debe mantenerse firme en su compromiso con la transición hacia un modelo energético más sostenible y responsable.
Las modificaciones constitucionales en el sector energético son un tema que continúa generando un intenso debate en el país, y las decisiones que se tomen en las próximas semanas tendrán un impacto significativo en la política energética y climática de México.
