Por Lidia Bonilla/RealidadesMx
La puesta en marcha de MOBI, el nuevo Sistema de Movilidad del Bienestar en Quintana Roo, llegó envuelta en aplausos oficiales, discursos de transformación y la promesa de un transporte moderno y ordenado. Las imágenes de camiones nuevos, rutas claras y pago digital suenan, sin duda, a un avance necesario en un estado donde moverse ha sido durante años una carrera de resistencia.
Pero entre lo que se anuncia y lo que se ejecuta suele haber un tramo largo, lleno de opacidades y silencios incómodos.
El gobierno afirma que MOBI nació del sentir de más de 25 mil personas consultadas. Suena bien, pero seguimos sin ver los resultados completos de ese ejercicio: ¿qué pidieron?, ¿qué rutas urgían?, ¿qué tarifas consideran justas?, ¿cómo se procesó esa información?
Sin datos públicos, la consulta corre el riesgo de ser más un recurso de legitimación que un verdadero mecanismo de participación ciudadana.
También sorprende el súbito entusiasmo de transportistas, concesionarios y sindicatos, históricamente reacios a la modernización. Su apoyo puede interpretarse como un signo positivo… o como una señal de que los acuerdos detrás del proyecto se negociaron sin la luz necesaria.
Porque en México ya hemos visto demasiadas veces cómo los cambios en el transporte terminan beneficiando a los mismos de siempre.
Y luego está el tema de las tarifas. El gobierno promete que serán “justas”, pero no explica cómo se definirán ni qué controles habrá para evitar incrementos disfrazados de “ajustes técnicos”. Sin claridad tarifaria, cualquier reforma corre el riesgo de volverse regresiva para quienes más dependen del transporte público.
La creación de un Cuerpo de Agentes de Movilidad también merece atención. En teoría garantizarán orden y buen servicio; en la práctica, podrían convertirse en un cuerpo punitivo más si no existen protocolos, capacitación, vigilancia ciudadana y transparencia. No basta con uniformes nuevos: se necesita un sistema de rendición de cuentas.
Y lo más ausente hasta ahora: la accesibilidad. El anuncio de MOBI mira hacia la modernidad tecnológica, pero no hacia las personas con discapacidad, los adultos mayores, quienes necesitan tarifas diferenciadas o quienes viven en zonas menos rentables. Modernizar sin incluir es repetir la desigualdad con estética más bonita.
La pregunta central es esta:
¿MOBI será un verdadero cambio estructural o solo un reempaque político del transporte que ya conocemos?
La respuesta dependerá de lo que ocurra en los próximos meses: la transparencia de los contratos, la apertura de datos, la seriedad del diseño técnico y la capacidad de la ciudadanía para vigilar y exigir.
Por ahora, MOBI arranca con entusiasmo oficial y una larga lista de pendientes. Una modernización real no se mide por la pintura nueva de los camiones, sino por la capacidad de transformar la vida diaria de quienes se suben a ellos cada mañana.
