Por Lidia Rita Bonilla Delgado
El próximo 1 de junio, México experimentará un proceso electoral sin precedentes: por primera vez la ciudadania elegirá de manera directa quienes conformaran el Poder Judicial. Nueve puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)., están en juego Aunque se ha presentado como un ejercicio de democratización, expertos y observadores advierten de múltiples riesgos en la organización y diseño de la jornada.
¿Qué se vota?
Se trata de una elección judicial extraordinaria que modificará la estructura del máximo tribunal del país y del órgano encargado de arbitrar las disputas electorales. Los nueve nuevos ministros de la SCJN tendrán la tarea de interpretar la Constitución, revisar leyes y actuar como contrapeso del poder. A su vez, los dos magistrados del TEPJF asumirán responsabilidades clave en la resolución de impugnaciones electorales y en la protección de los derechos político-electorales.
Señales de alerta
Un informe reciente del Observatorio Electoral Judicial reveló preocupaciones graves sobre el proceso: desde boletas complejas que podrían confundir a los votantes, hasta una aparente inequidad en la distribución de vacantes. Según el análisis, solo el 4.1% de los más de 3,200 aspirantes tiene posibilidades reales de ganar, debido a estructuras de competencia que favorecen a perfiles con ventajas políticas o de visibilidad previa.
A ello se suma un problema estructural: el acceso a información. Para revisar con detalle los perfiles, trayectorias y propuestas de todos los candidatos, un ciudadano promedio requeriría más de 18 horas continuas de lectura. En este escenario, el voto informado se ve comprometido.
Un silencio estratégico de la oposición
Además de los cuestionamientos técnicos, el proceso ha exhibido una pasividad preocupante por parte de las fuerzas de oposición. El analista Juan Ignacio Zavala señaló que los partidos contrarios al oficialismo han renunciado a disputar espacios como el Judicial, apostando por abstenerse o desentenderse, en lugar de presentar alternativas claras. “Creen que los van a calificar bien si votan algo a favor de Morena, lo cual es absurdo”, declaró.
Violencia y militarización electoral
La elección se desarrolla también bajo la sombra de la violencia política. Veracruz es uno de los estados más golpeados por asesinatos de candidatos y funcionarios públicos en plena campaña. En respuesta, el gobierno ha desplegado miles de elementos de seguridad federal para reforzar el resguardo de las casillas.
Entre el avance y el riesgo
La elección judicial del 1 de junio abre una puerta inédita en la vida democrática del país. Pero su implementación, plagada de riesgos estructurales y de contexto, ha encendido alertas. La falta de condiciones para un voto libre e informado, sumada a la inseguridad y la poca participación de actores políticos clave, podría comprometer no solo los resultados, sino también la legitimidad futura de quienes resulten electos.
El país se encuentra ante una paradoja: un ejercicio que busca acercar el poder judicial al pueblo, pero que, mal ejecutado, podría dejarlo más lejos que nunca.
