Este 18 de septiembre, México deberá entregar al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) un informe clave sobre la situación de más de 133 mil personas desaparecidas en el país. El organismo internacional activó el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones, una medida extraordinaria que solo se aplica cuando existen indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas en un Estado.
Un escenario de emergencia
El CED ha documentado desde 2012 la gravedad de la crisis mexicana. En 2015 ya advertía que las desapariciones ocurrían de manera extendida en diversas regiones del país y que la impunidad era casi absoluta. Hasta la fecha, ha emitido 773 acciones urgentes dirigidas a México, la cifra más alta registrada contra cualquier otro Estado parte.
Aunque el gobierno ha creado instituciones y leyes para atender el problema, los resultados siguen siendo insuficientes:
Más de 72 mil cuerpos sin identificar permanecen en instalaciones oficiales.
Solo 373 condenas por desaparición han sido dictadas entre 2017 y enero de 2025.
El ritmo de desapariciones pasó de 26 personas al día en 2024 a más de 45 diarias en el primer semestre de 2025.
Reacción del Estado y exigencias de la sociedad civil
El anuncio del CED provocó una reacción agresiva del Estado mexicano. Sin embargo, 61 colectivos, 66 organizaciones civiles, 129 familias de víctimas y 50 personas solidarias enviaron un informe paralelo al Comité. En él, presentan evidencias de desapariciones sistemáticas y solicitan la creación de un mecanismo internacional de esclarecimiento, con el fin de:
Identificar las causas estructurales de las desapariciones.
Diseñar un programa nacional de prevención.
Procesar a los responsables.
Reparar a las víctimas.
Acelerar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Lo que está en juego
El Artículo 34 de la Convención permite que el Comité lleve el caso ante la Asamblea General de la ONU si determina que hay desapariciones sistemáticas en México. Las organizaciones de víctimas señalan que este procedimiento no debe entenderse como un juicio político, sino como una oportunidad histórica para garantizar la verdad, la justicia y la reparación.
Ahora, la respuesta del Estado mexicano será decisiva. Las familias esperan compromisos concretos de la Secretaría de Gobernación, la Cancillería y la Consejería Jurídica de la Presidencia para avanzar en la rendición de cuentas y atender un problema que ya alcanza dimensiones humanitarias.
¿Crees que México aceptará un mecanismo internacional de apoyo para enfrentar la crisis de desapariciones o lo rechazará como intromisión?