El anuncio de la Secretaría de las Mujeres sobre el inicio de mesas de trabajo contra la violencia digital suena alentador, pero también nos recuerda un patrón constante: abundan los foros, los diagnósticos y los discursos, mientras la implementación de políticas públicas efectivas sigue siendo un pendiente.
Hablar de una “hoja de ruta nacional” es importante, pero insuficiente si no se traduce en presupuestos, programas de prevención en escuelas, mecanismos de denuncia accesibles y protocolos que obliguen a las plataformas digitales a responder con rapidez ante casos de violencia en línea.
La inclusión de colectivas, activistas y sobrevivientes es un paso necesario, pero hay que preguntarse: ¿qué nivel de incidencia real tendrán en la toma de decisiones frente a la burocracia estatal y los intereses políticos? El riesgo es que se convierta en un evento más para la foto, acompañado de figuras públicas reconocidas que, aunque aportan visibilidad, no representan por sí mismas a las mujeres que enfrentan la violencia digital día a día.
Si lo virtual es real —como bien recuerda la Ley Olimpia—, también deberían serlo las acciones gubernamentales para garantizar un internet seguro, inclusivo y libre de violencia. Y hasta ahora, la realidad es que la mayoría de las víctimas se enfrenta sola a la revictimización, la impunidad y la indiferencia institucional.
El reto no es organizar más mesas de trabajo, sino transformar los diagnósticos en resultados tangibles: justicia, reparación del daño y garantías de no repetición
Si bien la iniciativa destaca por su enfoque inclusivo y la participación de figuras públicas como Marion Reimers y Eréndira Ibarra, expertos y activistas señalan que la principal prueba será la implementación efectiva de medidas concretas, que incluyan presupuestos específicos, protocolos de atención inmediata y mecanismos de denuncia accesibles para las víctimas.
A pesar de la visibilidad que ofrecen estos espacios, la experiencia muestra que la violencia digital sigue siendo un terreno donde las mujeres enfrentan revictimización e impunidad. La clave estará en traducir los diagnósticos y mesas de trabajo en acciones tangibles, que garanticen un internet seguro, inclusivo y libre de violencia, donde la Ley Olimpia deje de ser solo un marco legal y se convierta en una herramienta real de protección.
