El Congreso local aprobó reformas al Código Civil para regular la guarda y custodia de animales de compañía en casos de divorcio. En el discurso, el mensaje es poderoso: las mascotas dejan de ser “cosas” y pasan a ser reconocidas como seres sintientes dentro de la familia.
En los hechos, la pregunta es otra:
¿La reforma protege realmente a los animales… o solo mejora la narrativa política?
La modificación obliga a que las parejas que se divorcian establezcan acuerdos de responsabilidad y cuidado bajo estándares promovidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal. El concepto de “familias multiespecie” suena moderno, empático y alineado con tendencias globales.
Pero el comunicado oficial evita explicar lo esencial:
¿Qué ocurre cuando no hay acuerdo?
¿El juez tendrá criterios técnicos claros?
¿Habrá sanciones reales?
¿Se considerará la violencia instrumental hacia animales en contextos de agresión familiar?
Porque sí: en México, el daño o amenaza contra mascotas es una forma documentada de control y violencia emocional.
Mientras entidades como la Ciudad de México ya reconocen constitucionalmente a los animales como seres sintientes, y estados como Nuevo León y Jalisco han avanzado en criterios civiles, aquí la reforma apenas inicia su prueba de fuego: los tribunales.
El riesgo es claro: convertir una causa legítima en capital político de bajo costo.
Porque proteger animales no implica solo cambiar palabras en el Código Civil. Implica dotar a jueces de herramientas, protocolos, peritajes en bienestar animal y perspectiva de derechos humanos.
Si no hay implementación real, la reforma será solo eso: una buena historia para el boletín legislativo.