Ciudad de México, 23 de agosto de 2024 — La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) ha lanzado una severa advertencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo que describe como un “estado crítico” de la independencia judicial en México, en respuesta a la controvertida reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La reforma, enviada al Congreso en febrero de 2024, propone un cambio radical en la forma en que se eligen los jueces y magistrados, abogando por su elección mediante voto popular en lugar del actual sistema de nominación por parte del Poder Ejecutivo, ratificado por el Senado. Según la FLAM, esta modificación representa una amenaza significativa a la imparcialidad del Poder Judicial, un pilar fundamental del Estado de derecho.
En un comunicado, la FLAM subrayó que la introducción de la elección popular de jueces podría debilitar gravemente la independencia judicial, exponiéndola a influencias políticas y mediáticas. Además, la propuesta incluye la aplicación retroactiva de la reforma, lo que ha sido interpretado como un intento velado de remover a jueces actuales, afectando su estabilidad y autonomía.
“Este avasallamiento persigue modificar el sistema actual de México en el cual el juez es designado por nominación del Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado”, advierte el comunicado, señalando que la aplicación de un sistema electoral en el Poder Judicial podría generar una mayor subordinación al Ejecutivo, comprometiendo la justicia y la protección de los derechos humanos en el país.
La preocupación de la FLAM es compartida por la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, que ha expresado su inquietud por las posibles repercusiones de esta reforma en la estructura judicial mexicana.
La FLAM también ha destacado problemas adicionales que agravan la situación, como la insuficiente seguridad para los jueces, recortes salariales no regularizados desde la pandemia de COVID-19, y la falta de reconocimiento del derecho a la Asociación Judicial. Estos factores, sumados al creciente linchamiento mediático y en redes sociales, colocan al Poder Judicial en una posición vulnerable frente a las presiones externas.
Ante este panorama, la FLAM ha solicitado formalmente a la CIDH que convoque una audiencia temática para analizar en profundidad estas preocupaciones. El objetivo es salvaguardar la independencia judicial no solo en México, sino también en otros países de la región que enfrentan amenazas similares.
La solicitud de la FLAM llega en un momento crítico para el Poder Judicial en México, que se encuentra en el centro del debate político bajo el gobierno de AMLO, y plantea serias interrogantes sobre el futuro de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales en el país.