El histórico fallo establece que los Estados tienen obligaciones legales para prevenir el daño ambiental, regular las emisiones y proteger el derecho a un medio ambiente sano. Volker Türk celebra el precedente y llama a la acción urgente.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió esta semana una Opinión Consultiva que marca un antes y un después en la lucha contra la crisis climática: el daño ambiental ocasionado por los efectos del cambio climático puede representar una violación al derecho internacional de los derechos humanos.
La decisión —resultado de una iniciativa impulsada por jóvenes activistas del Pacífico y respaldada por Vanuatu y otros Estados insulares— sostiene que los Estados tienen la responsabilidad legal de evitar que actividades bajo su jurisdicción o control contribuyan de forma significativa al deterioro del sistema climático.
“El incumplimiento de un Estado en adoptar medidas apropiadas para proteger el sistema climático, incluidas las relacionadas con el uso de combustibles fósiles, puede constituir un acto internacionalmente ilícito”, señala la Corte.
Derechos humanos en el centro de la agenda climática
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, celebró la Opinión como una afirmación clara y contundente de las obligaciones de los Estados. Según Türk, esta decisión reconoce que el cambio climático amenaza derechos fundamentales como el derecho a la vida y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
“El énfasis que da la Corte al derecho internacional de los derechos humanos envía un mensaje poderoso. Reconoce el carácter existencial de la crisis climática y traza una hoja de ruta para lograr un cambio transformador”, declaró el funcionario.
Consecuencias legales y hoja de ruta para los Estados
La CIJ dejó claro que los Estados deben:
Utilizar todos los medios a su alcance para prevenir daños al sistema climático.
Regular efectivamente al sector privado.
Evitar la concesión de subsidios o licencias que promuevan los combustibles fósiles.
Proporcionar garantías de no repetición y reparaciones a las comunidades afectadas.
Aunque la Opinión Consultiva no es jurídicamente vinculante, establece un precedente legal y ético que podría fortalecer demandas contra gobiernos que no cumplan con sus compromisos climáticos. También podría influir en la toma de decisiones de tribunales nacionales e internacionales.
¿Qué sigue?
Türk instó a los gobiernos a incorporar esta Opinión en sus próximas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), que deberán presentarse en septiembre, y en las negociaciones de la COP30, la cumbre climática que se celebrará en Brasil en noviembre.
“Mi Oficina está comprometida a trabajar con los Estados, empresas, sociedad civil y personas en todas partes para promover soluciones climáticas que integren el enfoque de derechos humanos”, subrayó Türk.
Con esta resolución, la CIJ no solo refuerza el papel del derecho internacional frente al cambio climático, sino que brinda herramientas para exigir rendición de cuentas, impulsar reformas legislativas y abrir nuevas vías para la reparación de los daños ambientales.
