La madrugada del 3 de enero de 2026 impactó la geopolítica de América Latina. Según informes de medios internacionales y declaraciones oficiales, Estados Unidos habría ejecutado un ataque militar de gran escala en Venezuela que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, trasladados a Nueva York para enfrentar cargos en tribunales estadounidenses. �
Sin embargo, a pesar de la magnitud de la operación —reportada con explosiones, incursiones aéreas y apagones— los elementos verificables son todavía fragmentarios y no acompañados de evidencia independiente sólida. La narrativa dominante proviene de fuentes estadounidenses y no ha sido contrastada plenamente por agencias multilaterales o testigos independientes sobre el terreno. �
La comunidad internacional ha reaccionado de forma polarizada. Organismos como las Naciones Unidas han advertido que este tipo de acción “establece un precedente peligroso” y que la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía e integridad territorial de los Estados sin autorización del Consejo de Seguridad o defensas claras de legitimidad legal. �
El gobierno de México calificó el operativo como una “intervención militar” y subrayó que constituye una violación a la Carta de las Naciones Unidas y una amenaza para la estabilidad regional, insistiendo en el respeto al derecho internacional y la paz como principios rectores de la política exterior de la región.�
Expertos en derecho internacional señalan que el uso de la fuerza solo está permitido en casos de legítima defensa o bajo mandato del Consejo de Seguridad —excepciones que, hasta ahora, no han sido demostradas públicamente en este caso—, lo que coloca la acción estadounidense en una zona de grave incertidumbre jurídica. �
Mientras tanto, la narrativa oficial de Washington combina la acusación penal contra Maduro con argumentos de seguridad hemisférica y promesas de transición política, un discurso que privilegia justificaciones políticas sobre fundamentos legales verificables.
Este episodio no solo cuestiona los límites del uso de la fuerza en el sistema internacional contemporáneo, sino que plantea un debate urgente sobre la legitimidad de acciones unilaterales que ponen en riesgo la soberanía de Estados.