Mientras niñas y adolescentes sufren violencia sexual y coerción para integrarse a grupos criminales, la CIDH pide respuestas reales, no discursos.
Cuando hablamos del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia, no son solo cifras o estadísticas: estamos hablando de vidas interrumpidas, de sueños que se quiebran, de infancia robada.
Imagina un niño de 13 años, en una comunidad donde no hay escuela que lo inspire y no hay oportunidades dignas para salir adelante. De repente, un grupo criminal toca a su puerta: le ofrece un celular, dinero, “respeto”. Le dice que lo necesita, que puede ser útil, que tiene un lugar en su estructura. Para un adolescente sin apoyo, sin redes reales, eso suena a una salida, a un camino para escapar de la pobreza o del miedo.
Muchas niñas, por su parte, son reclutadas con promesas de protección, de pareja o incluso de “familia”: el crimen organizado usa la vulnerabilidad económica y afectiva para manipular. Más aún, los jóvenes que entran a “servir” a estos grupos no siempre son soldados: primero pueden ser informantes, mensajeros, “halcones”; después, si “prueban lealtad”, pueden tener tareas más peligrosas.
Este reclutamiento no sucede solamente en zonas donde hay grandes grupos armados: también ocurre en ciudades, en barrios periféricos, a través de redes digitales. Plataformas como TikTok o Facebook se han convertido recientemente en espacios para captar jóvenes, con promesas de vida glamorosa, poder o dinero rápido. �
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Para el Estado y la sociedad civil, esto es una llamada de atención urgente: es una violación de derechos humanos. No estamos hablando de delincuencia común: muchos de estos niños y niñas son víctimas, no criminales. �
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La reparación debe imaginarse de forma humana y profunda: no basta con arrestar a los culpables, sino que hay que construir rutas de vida para las infancias: educación, atención psicológica, espacios seguros, oportunidades reales para reconstruir su proyecto de futuro.