El Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas realizó una jornada de asistencia jurídica en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes, con revisión de expedientes y orientación especializada.
Güémez, Tamaulipas, 13 de agosto de 2026.—El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) realizó una visita de supervisión y asistencia jurídica al Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes, ubicado en Güémez, donde revisó la situación jurídica de cinco adolescentes sujetos a una medida de internamiento.
La jornada, realizada en el contexto del Día Internacional de la Juventud, tuvo como objetivo fortalecer el acompañamiento jurídico de adolescentes que enfrentan procesos dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Durante la visita, personal especializado del IDPET proporcionó orientación jurídica individual y dio seguimiento a los expedientes procesales de los cinco adolescentes, de acuerdo con la información difundida por el instituto.
La actividad fue encabezada por la directora general del IDPET, Roxana Guerrero Galván, quien estuvo acompañada por César Alejandro Ávalos González, director de Defensorías Públicas, así como por defensoras y defensores públicos especializados en materia penal para adolescentes.
El personal realizó un recorrido por las instalaciones del centro y llevó a cabo acciones de asistencia jurídica encaminadas a verificar el estado de los procesos y fortalecer la representación legal de los adolescentes.
El IDPET señaló que estas acciones forman parte de su responsabilidad de proporcionar defensa pública gratuita y especializada, bajo los principios del debido proceso y respeto a los derechos humanos.
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que este modelo debe garantizar los derechos humanos de las personas de entre 12 y menos de 18 años a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito. Además, contempla autoridades especializadas y procedimientos específicos para la aplicación y ejecución de las medidas de sanción.
El marco constitucional establece, además, que el sistema de justicia para adolescentes debe atender al interés superior de las personas menores de edad y privilegiar medidas orientadas a su reinserción y reintegración social y familiar. El internamiento debe utilizarse como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda.
En este contexto, la supervisión de la situación jurídica adquiere relevancia debido a que el internamiento representa una de las medidas más restrictivas dentro del sistema de justicia para adolescentes. La legislación nacional establece que las medidas deben aplicarse conforme a los principios de proporcionalidad, mínima intervención y especialización.
Para esta jornada, el IDPET contó con el acompañamiento de Maribel Leticia García Barrientos, titular del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes, con quien se coordinó el acceso y la atención jurídica de los adolescentes.
Roxana Guerrero Galván sostuvo que la defensa pública constituye una herramienta para garantizar el acceso a la justicia y acompañar los procesos de reinserción social de las y los adolescentes.
“Velar por el bienestar y el futuro de nuestra juventud es una premisa fundamental de la visión humanista que impulsa el Ejecutivo Estatal”, señaló la funcionaria.
Añadió que las visitas institucionales permiten fortalecer el acompañamiento jurídico y reiteró el compromiso del Instituto para que los adolescentes cuenten con representación legal durante sus procesos.
Cabe destacar que el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no tiene como finalidad reproducir el modelo de justicia penal para adultos. Su diseño parte de la condición de las personas adolescentes como sujetos de derechos y contempla mecanismos especializados, así como medidas orientadas a la reintegración social y familiar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido criterios relacionados con la aplicación del internamiento, entre ellos la necesidad de que las decisiones judiciales estén debidamente fundamentadas y motivadas, particularmente respecto de la duración de las medidas.
La revisión jurídica de adolescentes privados de la libertad tiene una dimensión que trasciende la defensa individual. La legislación mexicana exige que las autoridades especializadas protejan el debido proceso y que las medidas aplicadas sean proporcionales, además de orientarse a la reintegración social y familiar.
Por ello, la supervisión periódica de los expedientes y de las condiciones de internamiento constituye un componente relevante para evitar que la privación de la libertad se convierta en una medida automática o desproporcionada.
Fuente: Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; Suprema Corte de Justicia de la Nación.