Redacción
Ciudad de México, 5 de agosto de 2026.- A unos días de que las comunidades de Topolobampo definan su postura frente al plan presentado por el Gobierno de México para la operación de la megaplanta de amoniaco de Grupo Proman GPO en la Bahía de Ohuira, habitantes, cooperativas pesqueras y el colectivo ¡Aquí No! reiteraron que la principal preocupación no son los beneficios económicos prometidos, sino las consecuencias ambientales, sociales y productivas que, aseguran, serían irreversibles.
Durante más de 60 días de protesta, los opositores al proyecto sostienen que el debate no puede reducirse a la generación de empleos o a la atracción de inversiones, sino que debe considerar el impacto sobre un ecosistema del que dependen miles de familias dedicadas a la pesca artesanal, el ecoturismo y el comercio de productos marinos.
La Bahía de Ohuira es reconocida como un importante sitio de reproducción de camarón, peces y moluscos, además de ser refugio de aves migratorias, delfines nariz de botella, tortugas marinas y otras especies protegidas. De acuerdo con la información presentada por las organizaciones ambientales, la operación de la planta implicaría la descarga constante de agua con mayor temperatura y salinidad, situación que modificaría el equilibrio ecológico del sistema lagunar y afectaría los ciclos reproductivos de diversas especies.
Pescadores de la región advierten que un eventual colapso de la actividad pesquera significaría la pérdida del sustento para alrededor de cuatro mil familias, mientras que los empleos permanentes anunciados por la empresa serían altamente especializados y, en su mayoría, inaccesibles para los habitantes de las comunidades locales.
Los testimonios difundidos por Greenpeace México reflejan un sentimiento compartido entre los pobladores: el desarrollo que hoy se ofrece como argumento para impulsar la obra ya existe desde hace generaciones gracias a la riqueza natural de la bahía. Los habitantes recuerdan que proyectos industriales anteriores también prometieron empleos permanentes que nunca llegaron en la magnitud anunciada.
El Gobierno Federal mantiene abierto el proceso de diálogo con las comunidades, quienes analizarán la propuesta oficial antes de emitir una decisión definitiva. Sin embargo, los opositores insisten en que cualquier resolución debe privilegiar el derecho de las comunidades a conservar su patrimonio ambiental, proteger sus actividades tradicionales y garantizar la sustentabilidad de la Bahía de Ohuira para las futuras generaciones.
El caso de Topolobampo se ha convertido en uno de los conflictos socioambientales más relevantes del país, al confrontar dos visiones de desarrollo: una basada en la expansión industrial y otra sustentada en la conservación de los recursos naturales que sostienen la economía local desde hace décadas.
— RealidadesMx
Boletín institucional de Greenpeace