Ciudad Victoria, Tam.— Con el objetivo de reforzar la cultura de la legalidad y ofrecer servicios más eficaces a la ciudadanía, el Congreso del Estado de Tamaulipas y el Colegio de Notarios del estado firmaron este lunes un convenio de colaboración en las instalaciones del Poder Legislativo.
La firma del acuerdo fue encabezada por autoridades de ambas instituciones, con la presencia de legisladoras, legisladores, notarias, notarios e invitados especiales.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, diputado Humberto Armando Prieto Herrera, destacó que esta alianza permitirá al Poder Legislativo mejorar sus servicios, impulsar campañas conjuntas y enriquecer la revisión del marco legal.
“Las y los notarios no solo otorgan fe pública, también garantizan certeza jurídica y defienden los derechos de las personas. Esta colaboración suma capacidades para lograr resultados reales en favor de la ciudadanía”, expresó.
Durante el acto, la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, presidenta de la Mesa Directiva, subrayó que este convenio representa una apuesta por la transformación institucional.
“No se trata solo de firmar un documento, sino de asumir el compromiso de que nuestras instituciones sean más útiles, cercanas y humanas. Este acuerdo nos permite compartir conocimientos, fortalecer capacidades y construir soluciones concretas”, señaló.
Entre los objetivos del convenio se encuentran la realización de jornadas ciudadanas, asesorías jurídicas gratuitas y otras acciones de alto valor social, en las que el conocimiento técnico del notariado se pondrá al servicio del trabajo legislativo.
Por su parte, el presidente del Colegio de Notarios, Raúl Enrique Padilla García, reafirmó la disposición del gremio para colaborar con las instituciones públicas en el fortalecimiento del Estado de Derecho.
“Cuando sumamos con unidad, vocación, conocimiento y voluntad política, los resultados no solo se firman: se sienten y se viven en la sociedad tamaulipeca”, afirmó.
Ambas partes coincidieron en que este convenio representa un paso firme hacia un marco jurídico más eficiente, justo y cercano a la población.
