Ciudad de México, 20 de febrero de 2026.
La familia de Miguel Ángel Rojas Hernández solicitó formalmente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que cite a declarar a accionistas vinculados a Grupo Eco y que impute penalmente a la empresa concesionaria del Parque Bicentenario, al considerar que la responsabilidad por su muerte no puede limitarse a niveles operativos.
En un comunicado, los familiares informaron que pidieron la comparecencia de Diego Jiménez Labora y otros accionistas con poder de decisión corporativa para esclarecer la estructura interna de las compañías involucradas, sus mecanismos de control y la existencia —o no— de protocolos de prevención de riesgos.
“No se trata de acusaciones anticipadas, sino de conocer quién tomaba las decisiones y quién tenía el deber de evitar lo ocurrido”, señaló Diana Laura Rojas Hernández.
Además, solicitaron que la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V., concesionaria y administradora del recinto, cambie su calidad jurídica dentro de la carpeta de investigación y sea considerada imputada, al argumentar que quien administra un espacio abierto al público también administra la seguridad de quienes ingresan.
Actualmente, solo aparece como imputada la empresa Operadora Eclectic S.A. de C.V., filial de la concesionaria.
Escalada al Poder Judicial
La familia anunció que presentará una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación por presuntas irregularidades en el trámite del amparo indirecto 853/2025, cuya suspensión —vigente desde hace más de cuatro meses— ha impedido la celebración de la audiencia inicial.
De acuerdo con los familiares, la medida cautelar ha bloqueado que la Fiscalía impute cargos penales a empresas y personas investigadas.
“Esta situación impacta directamente nuestro derecho a la justicia pronta, completa y expedita”, sostuvieron.
El caso podría abrir un debate de fondo sobre la responsabilidad penal de empresas concesionarias de espacios públicos y sobre el uso del amparo como herramienta que, en los hechos, frena procesos penales en etapa inicial.
