Una investigación de la Organización de las Naciones Unidas confirma lo que organizaciones han denunciado durante décadas: instituciones en México operan como espacios de violencia sistemática contra infancias y personas con discapacidad.
Ciudad de México, 25 de marzo de 2026 .— En México, el “cuidado” institucional puede significar encierro, abuso sexual, sobremedicación y hambre. No es una excepción: es un patrón.
Una investigación oficial de la Organización de las Naciones Unidas documentó violaciones graves y sistemáticas a derechos humanos en centros psiquiátricos, orfanatos y albergues para personas con discapacidad. Los hallazgos confirman lo que la organización Disability Rights International ha denunciado desde hace más de dos décadas.
Las evidencias son contundentes: personas atadas en posiciones dolorosas, medicadas para controlar su conducta, víctimas de abuso físico y sexual, e incluso trata de personas dentro de instituciones que operan bajo la narrativa del cuidado.
“En nombre del cuidado, se está haciendo daño”, advierte Lisbet Brizuela, directora de DRI en México.
El encierro como política de facto
Desde el año 2000, Disability Rights International ha documentado violaciones en centros de asistencia social, hospitales psiquiátricos y anexos. La constante es la misma: personas institucionalizadas no por elección, sino por pobreza, discapacidad y abandono estatal.
El informe señala una falla estructural: el Estado mexicano no ha desarrollado alternativas comunitarias suficientes, obligando a miles de personas a vivir segregadas.
Testimonios que evidencian el horror
Las cifras son escasas, pero los testimonios son devastadores.
“Me encerraron durante dos meses en una habitación sin comida”, relata un sobreviviente.
“Fui violada y esterilizada por el personal”, denuncia una mujer que pasó por una institución en la Ciudad de México.
No son casos aislados. Son evidencia de un sistema sin supervisión efectiva.
Violación de obligaciones internacionales
México está obligado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a garantizar que las personas vivan en comunidad, con dignidad y autonomía.
Pero la realidad es otra.
La ONU pide:
Moratoria inmediata a nuevas institucionalizaciones
Transición a modelos comunitarios
Reformas estructurales en salud mental y asistencia social
¿Quién responde?
El informe no señala responsables directos, pero apunta a una red de omisiones:
Sistemas DIF estatales
Instituciones privadas y religiosas
Autoridades de salud mental
Órganos de supervisión inexistentes o ineficaces
En conjunto, configuran un sistema donde la violencia ocurre sin consecuencias.
El vacío de información
No hay datos públicos claros sobre:
Número de instituciones
Personas internadas
Denuncias por abuso
Sanciones a responsables
La opacidad es parte del problema.
En México, miles de personas viven encerradas no por delito, sino por abandono.
El reto ya no es reconocer el problema.
Es decidir si el Estado seguirá financiando un sistema que, bajo el discurso del cuidado, reproduce violencia estructural.
