Por Rufino Aguilera
Tampico, Tamaulipas.– El denominado impuesto verde en Tamaulipas ha permitido recaudar más de 200 millones de pesos gracias al cumplimiento de alrededor de 40 empresas consideradas grandes emisoras de gases de efecto invernadero. Sin embargo, aunque el Gobierno del Estado asegura que estos recursos se destinan a proyectos ambientales, la administración estatal aún enfrenta el reto de demostrar con indicadores públicos el alcance y la eficacia de dichas inversiones.
El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, informó que las empresas sujetas a este gravamen han mantenido un alto nivel de cumplimiento en sus obligaciones fiscales y ambientales. Precisó que más del 90 por ciento de estas industrias se encuentran en la zona sur de Tamaulipas y que el cumplimiento se verifica mediante reportes de emisiones y procesos de supervisión establecidos por la autoridad ambiental.
De acuerdo con el funcionario, el dinero recaudado ha financiado acciones como programas de reforestación, restauración de manglares y la incorporación de unidades híbridas para el transporte público, proyectos que forman parte de la estrategia estatal para mitigar los efectos del cambio climático.
Becker Hernández afirmó que el programa de reforestación impulsado por el estado es el más amplio realizado en Tamaulipas. Explicó que durante el año pasado fueron intervenidas alrededor de 15 hectáreas y que actualmente la superficie restaurada asciende a aproximadamente 64 hectáreas, principalmente en zonas de manglar.
El titular de la dependencia destacó que estos ecosistemas poseen una alta capacidad para capturar carbono, además de ser fundamentales para la reproducción de especies acuáticas y la protección de las zonas costeras frente a fenómenos meteorológicos.
Asimismo, recordó que cerca del 22 por ciento del territorio estatal cuenta con algún esquema de protección ambiental, incluyendo áreas naturales de importancia nacional como la Reserva de la Biosfera El Cielo y Altas Cumbres.
Cabe destacar que pese al cumplimiento empresarial representa un avance en materia de recaudación ambiental, la información presentada por el Gobierno del Estado deja abiertos varios cuestionamientos. La administración no detalló cuánto dinero se ha destinado a cada proyecto, qué porcentaje de los 200 millones ya fue ejercido ni cuáles son los indicadores que permitan medir los beneficios ambientales obtenidos.
Tampoco se precisó qué empresas integran el padrón de contribuyentes del impuesto verde, cuáles son sus niveles de emisiones ni qué mecanismos de transparencia permiten verificar el uso de los recursos públicos.
En una entidad con fuerte actividad petroquímica, portuaria e industrial, particularmente en la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, especialistas han señalado que la restauración ambiental requiere inversiones de largo plazo y políticas públicas acompañadas de monitoreo permanente, participación ciudadana y rendición de cuentas.
Si bien el impuesto verde representa un instrumento fiscal alineado con la política climática, su legitimidad dependerá no sólo de la capacidad recaudatoria del Estado, sino de que exista evidencia pública y verificable de que los recursos generan una reducción efectiva de emisiones, restauran ecosistemas estratégicos y compensan el impacto ambiental de las actividades industriales.
