La petición hace un llamado a las autoridades, como el Congreso de la Unión y el Gobierno federal, para que legislen y desarrollen políticas que prevengan este crimen, sancionen a los culpables y ofrezcan protección y apoyo a las víctimas.
En los últimos años, México ha sido testigo de una escalada alarmante en la violencia, marcada por el creciente reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos del crimen organizado. Esta práctica, que afecta de manera devastadora a comunidades indígenas y rurales, ha generado una movilización social sin precedentes para exigir la intervención inmediata del Estado. La campaña #NiñezLibreDeGuerra, impulsada por la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, busca poner fin a este grave fenómeno que viola flagrantemente los derechos humanos.
El reclutamiento forzado, un delito aún no tipificado en el Código Penal mexicano, ha sido documentado desde hace más de quince años. Sin embargo, a pesar de los numerosos informes y denuncias, las autoridades no han implementado políticas efectivas para prevenir, sancionar o atender a las víctimas. Según datos recientes, niños y adolescentes son obligados a participar en actividades criminales, desde ser informantes hasta sicarios, lo que no solo pone en riesgo sus vidas, sino que también perpetúa un ciclo de violencia que afecta profundamente a sus comunidades.
En estados como Guerrero y Chiapas, la situación es particularmente grave. Aquí, los menores han sido forzados a empuñar armas para defender a sus comunidades ante la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad. Esta realidad refleja no solo el abandono estatal, sino también la compleja red de intereses económicos y políticos que protegen a los grupos criminales.
La campaña #NiñezLibreDeGuerra, que hasta el momento ha recogido más de 37,000 firmas, tiene como objetivo exigir al Congreso de la Unión y al Gobierno federal la tipificación del reclutamiento forzado como delito, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH y el Comité de Derechos del Niño. Además, se solicita la creación de un programa nacional de desvinculación para las víctimas y la implementación de políticas públicas que garanticen su protección y reintegración.
Entre las principales demandas de la campaña se encuentran:
- La creación de una estrategia coordinada con las comunidades indígenas para garantizar la seguridad de la niñez.
- La instalación de mesas de diálogo en Guerrero y Chiapas con participación de autoridades locales, organizaciones sociales y organismos internacionales.
- La investigación a fondo de las redes de protección a grupos criminales y el rastreo de los flujos económicos que los sostienen.
El reclutamiento forzado de menores es una crisis de dimensiones alarmantes que no solo destruye las vidas de quienes lo sufren, sino que también socava el tejido social de las comunidades más vulnerables del país. La impunidad con la que operan los grupos criminales en regiones como Guerrero y Chiapas es un testimonio de la falta de acción del Estado, que, hasta ahora, ha fallado en su obligación de proteger a la infancia.
Esta campaña no es solo un llamado a la justicia, sino una exigencia moral para garantizar una vida libre de violencia para los niños y jóvenes de México. Cada firma, cada voz, es un paso más hacia un país donde los menores no sean víctimas de la guerra.
El tiempo apremia. La niñez mexicana no puede esperar más.
