El artículo de Carla Perelló en El Destape fechado el 6 de junio del año en curso, describe el desmantelamiento de las políticas de género en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. La situación se agrava con la disolución del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que pasó a ser una subsecretaría y finalmente fue eliminada, dejando a 600 trabajadoras desempleadas y a muchas personas sin apoyo gubernamental en casos de violencia de género.
La eliminación de estas políticas también contradice compromisos internacionales asumidos por Argentina, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará, que obligan al Estado a proteger los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de género.
En un golpe devastador a las políticas de género en Argentina, el gobierno de Javier Milei ha desmantelado el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), dejando a 600 trabajadoras desempleadas y a miles de personas sin el vital apoyo del Estado en casos de violencia machista. La semana del Ni Una Menos, que tradicionalmente conmemora la lucha contra la violencia de género, ha sido testigo de un retroceso sin precedentes en materia de derechos y protección.
El primer paso en este desmantelamiento fue la degradación del MMGyD a una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, bajo la dirección de Capital Humano, liderada por Sandra Pettovello. En la última semana de mayo, se anunció su transferencia al Ministerio de Justicia a través del Boletín Oficial. Poco después, el ministro Mariano Cúneo Libarona ordenó la disolución total del área, precipitando la renuncia de Claudia Barcia, la funcionaria a cargo.
Desintegración y Desolación
El impacto de esta decisión ha sido profundo y devastador. Las trabajadoras, muchas de las cuales se enteraron de la reducción de personal y la eventual disolución del área en reuniones abruptas y desalentadoras, se sienten traicionadas y desamparadas. «Esto es el completo retiro del Estado a una población totalmente vulnerada. No hay atención hacia las personas que sufren violencia; es algo que a este Gobierno no le interesa y no hay ninguna propuesta alternativa», declaró una delegada de la Junta Interna del exMMGyD.
La creación del MMGyD en 2019 marcó un hito histórico para Argentina, otorgando máxima jerarquía institucional a la construcción de políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres y el colectivo LGBT+. Desde su establecimiento, el ministerio ha sido fundamental en la implementación de programas como el Acompañar, destinado a personas en situación de vulnerabilidad por violencia de género, y la Línea 144, que brinda atención y asesoramiento las 24 horas.
Compromisos Internacionales en Peligro
El desmantelamiento de estas políticas no solo representa un retroceso en el ámbito nacional, sino que también contradice los compromisos internacionales asumidos por Argentina. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará obligan al Estado argentino a proteger los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de género.
En febrero, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará expresó su «preocupación» por el «retroceso en la institucionalidad de las mujeres» en Argentina, instando al país a garantizar la continuidad de las instituciones y mecanismos que protegen los derechos de las mujeres.
Una Asamblea para la Esperanza
Ante esta situación crítica, las trabajadoras del ex MMGyD han convocado a una asamblea abierta que se realizará el próximo martes en la Plaza de los dos Congresos. Organizaciones feministas y LGBTI+ se unirán para discutir estrategias y acciones a seguir para enfrentar este desmantelamiento y continuar la lucha por los derechos y la igualdad.
La disolución del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no solo es un ataque directo a las políticas de género, sino que también es un reflejo de la indiferencia del gobierno hacia una población extremadamente vulnerada. Las consecuencias de esta decisión ya se están sintiendo, con un aumento de la violencia de género y un Estado cada vez más ausente en la protección de los derechos humanos básicos.
En un país que ha sido un emblema de la lucha feminista y los derechos de la diversidad sexual, el desmantelamiento de estas políticas representa un retroceso alarmante y un desafío crucial para la sociedad civil argentina, que deberá continuar organizándose y luchando por un futuro más justo y equitativo.