Por Lidia Bonilla | RealidadesMx
A pesar de que la Constitución establece que la educación pública en México debe ser gratuita, en escuelas de nivel medio superior de Tamaulipas se cobran cuotas de inscripción y fichas de ingreso que alcanzan hasta los 5 mil pesos por alumno, denunció el Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación en el sur del estado.
Fernando Garza Ruiz, representante del gremio, acusó que directivos de CBTIS, CETIS, bachilleratos y preparatorias públicas han convertido las llamadas “cuotas voluntarias” en pagos obligatorios, condicionando la inscripción, el acceso a clases e incluso la entrega de documentos oficiales.
«“La famosa ficha se ha vuelto una condicionante para entrar a la escuela, y eso está prohibido por la ley”, sostuvo.
Cuotas “voluntarias” que sí excluyen
De acuerdo con la denuncia, los planteles cobran en promedio:
3,500 pesos por inscripción, 1,500 pesos por ficha
Hasta 5,000 pesos por alumno, incluso en familias con más de un hijo inscrito
El gremio advirtió que existen casos documentados donde alumnos no fueron inscritos o no recibieron boletas por no cubrir estos pagos, lo que configura una violación directa al derecho a la educación.
En su denuncia pública hizo hincapié en que operan con gran opacidad haciendo uso discrecional del dinero, además del cobro ilegal, Garza Ruiz cuestionó el destino de los recursos, al señalar que no existe rendición de cuentas clara y que el dinero recaudado no se refleja en mejoras sustantivas para los estudiantes.
Mientras se pagan miles de pesos por alumno, persisten:
aulas sin vidrios, falta de climas y sanitarios en mal estado
Igual puso en evidencia la carencia de insumos en talleres y laboratorios “Con lo que se recauda, las escuelas deberían tener condiciones óptimas. No es así”, afirmó.
Mandos intermedios vs. discurso oficial
El gremio recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró al inicio del ciclo escolar 2025–2026 que ninguna inscripción puede estar sujeta al pago de cuotas, pero acusó que los mandos intermedios no acatan ni la ley ni las directrices federales.
La organización ya entregó una petición formal para que se investiguen estos cobros en planteles públicos y exigió auditorías administrativas tanto en nivel medio superior como en educación básica, donde —según la denuncia— la práctica también persiste.
Garza Ruiz exhortó a madres y padres de familia a no normalizar los cobros y a denunciar ante la PROFECO, como primera instancia y ante la Fiscalía General de la República, en el caso de planteles federales
“Se ha privatizado la educación pública sin llamarla privada. Eso va contra la Constitución y contra el principio de justicia social”, concluyó.