Por Federico Gómez
Cada vez que un gobierno habla de combatir la desinformación, vale la pena escuchar con atención. No porque el problema no exista —las campañas digitales, los rumores fabricados y la manipulación informativa son reales— sino porque en países con democracias frágiles la línea entre defender la verdad y desacreditar la crítica suele volverse peligrosamente delgada.
El reciente discurso del gobernador durante la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión dejó precisamente esa sensación. Su analogía sobre convertirnos en “drones de la verdad” para enfrentar “portaviones de la desinformación” buscó responder al ruido político y mediático generado tras la publicación de un reportaje del periódico estadouninidense Los AngelesTimes. Pero más allá de la metáfora, el mensaje abrió una discusión mucho más profundla sobre el papel del poder frente al periodismo crítico.
Porque el verdadero debate no está en si existen campañas de desinformación. Claro que existen. El problema aparece cuando desde el poder se empieza a sugerir que toda crítica incómoda forma parte de una operación mediática o de una narrativa construida para atacar políticamente.
Ahí es donde la libertad de expresión entra en terreno delicado.
En democracia, los gobiernos tienen derecho a defenderse públicamente, aclarar información o cuestionar investigaciones. Lo que no deberían hacer es instalar la idea de que quien cuestiona al poder necesariamente miente, manipula o conspira.
La historia mexicana demuestra que cuando el discurso oficial comienza a dividir entre “los que dicen la verdad” y “los que desinforman”, casi siempre terminan pagando el costo periodistas, medios independientes o voces críticas.
Y en Tamaulipas esa conversación tiene un peso todavía más sensible.
Durante años, ejercer el periodismo en el estado implicó trabajar bajo presiones criminales, silencios forzados, amenazas y autocensura. Muchos periodistas aprendieron que sobrevivir también era medir palabras, evitar temas o simplemente callar. Esa memoria sigue viva en el gremio y explica por qué cualquier discurso oficial sobre “verdad” y “mentira” genera inquietud.
Por eso resultó especialmente importante el pronunciamiento de la Red Estatal de Mujeres Periodistas. Mientras desde el poder se hablaba de combatir narrativas falsas, el colectivo recordó algo mucho más elemental: no puede existir libertad de expresión plena mientras periodistas sigan enfrentando violencia, impunidad y condiciones inseguras para informar.
Ese contraste retrata perfectamente la contradicción mexicana.
La discusión pública suele concentrarse en fake news, ataques digitales y guerras de narrativa, pero el problema estructural continúa siendo otro: periodistas asesinados, desaparecidos, desplazados o económicamente vulnerables.
México sigue apareciendo entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina, según organismos internacionales como Artículo 19 y ReporterosSin Fronteras. Y aunque los contextos cambian de estado en estado, el patrón suele repetirse: polarización política, presión institucional y creciente disputa por controlar el relato público.
En ese escenario, las redes sociales amplifican todo: información real, rumores, propaganda y manipulación. Eso obliga a medios y periodistas a ser más rigurosos que nunca. Pero también obliga al poder a tolerar más escrutinio, no menos.
Porque la libertad de expresión no existe para proteger discursos cómodos. Existe precisamente para garantizar el derecho a cuestionar, investigar y confrontar al poder.
Ese es el punto central que muchas veces se pierde en medio del ruido político.
Combatir la desinformación es legítimo. Lo peligroso comienza cuando el concepto se convierte en herramienta para desacreditar automáticamente investigaciones incómodas o voces críticas.
En democracias sólidas, el poder resiste preguntas. En democracias débiles, las preguntas empiezan a verse como amenazas.
Y ahí es donde cualquier sociedad debería empezar a preocuparse.