El diputado Juan Carlos Zertuche Romero, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para tipificar como delito el fraude por simulación de percance vehicular —conocido como «montachoques»— en el Código Penal del Estado. La propuesta contempla penas de tres a nueve años de prisión y multas de hasta 117 mil 130 pesos. Sin embargo, la pregunta obligada es: ¿esta iniciativa representa una respuesta efectiva a un problema real o es simplemente una estrategia de posicionamiento político?
El contexto: un problema que ya se sanciona
El fenómeno de los «montachoques» no es nuevo en México. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 se registraron 2 mil 792 casos de extorsión, siendo esta modalidad una de las más comunes. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros estima que cerca del 30% de los intentos de fraude a aseguradoras están vinculados con estos incidentes.
Pero aquí surge el primer punto crítico: ¿por qué tipificar un delito que ya está sancionado? La extorsión y el fraude ya están contemplados en el Código Penal Federal y en la mayoría de los códigos estatales. En la Ciudad de México, por ejemplo, desde junio de 2022 ya existe una tipificación específica de «extorsión vial». En el Estado de México, el Congreso aprobó en octubre de 2025 penas de 12 a 24 años de prisión para este delito. Incluso a nivel federal, en octubre de 2025 se presentó una iniciativa para adicionar el artículo 390 Ter al Código Penal Federal, con penas de 4 a 10 años de prisión, inhabilitación para conducir y decomiso del vehículo.
Entonces, ¿qué aporta esta nueva propuesta estatal? ¿No es redundante con lo que ya existe?
Análisis de las penas propuestas
La iniciativa de Zertuche Romero propone:
- Prisión de 3 a 9 años
- Multas de 150 a 1,000 UMA (hasta 117,130 pesos)
- Agravantes cuando el delito sea cometido por varias personas, se ejerza violencia, la víctima sea adulta mayor o con discapacidad, o se simule la intervención de una autoridad.
Comparado con otras entidades, las penas propuestas son moderadas. En el Estado de México, las sanciones llegan hasta 24 años. La iniciativa federal propone de 4 a 10 años, más inhabilitación para conducir y decomiso del vehículo. La propuesta estatal omite medidas preventivas clave como el decomiso del vehículo utilizado en la comisión del delito y la inhabilitación para conducir, elementos que sí contemplan otras legislaciones.
Además, la multa máxima de 1,000 UMA (117,130 pesos) resulta insuficiente considerando que los montachoques operan en bandas organizadas y los montos que obtienen de sus víctimas pueden superar con creces esa cifra. ¿Una multa de 117 mil pesos disuadirá a una banda criminal que opera sistemáticamente?
La coalición: ¿unidad real o foto política?
El comunicado destaca que la iniciativa cuenta con el respaldo de diputados de tres partidos: MORENA, PAN y Movimiento Ciudadano. A primera vista, parece un ejemplo de «unidad legislativa». Sin embargo, un análisis más profundo revela una realidad distinta.
La diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson (MORENA), el diputado Gerardo Peña Flores (PAN) y la diputada Mayra Benavides Villafranca (Movimiento Ciudadano) se sumaron a la propuesta. Pero el comunicado no especifica si firmaron como coautores o simplemente expresaron su «apoyo». En la práctica legislativa, un «respaldo» verbal no garantiza que votarán a favor cuando la iniciativa llegue al pleno.
Más importante aún: ¿por qué no se sumaron legisladores de otros partidos? ¿Falta consenso real? ¿O esta es una iniciativa diseñada para consumo mediático más que para aprobación legislativa?
Lo que falta: prevención, protocolos y coordinación
La iniciativa se enfoca exclusivamente en la tipificación y sanción, pero ignora elementos fundamentales para combatir efectivamente a los montachoques:
- No contempla un protocolo de atención a víctimas: A diferencia de la iniciativa federal, que ordena a la Secretaría de Infraestructura crear un Protocolo Nacional de Atención a Víctimas con capacitación obligatoria a autoridades, la propuesta estatal no menciona nada al respecto.
- No establece mecanismos de coordinación interinstitucional: Los montachoques operan en carreteras federales y estatales. Sin coordinación entre policías municipales, estatales, federales y la Guardia Nacional, la tipificación del delito queda en letra muerta.
- No incluye campañas de prevención y denuncia: La iniciativa federal contempla campañas de difusión pública. La estatal no.
- No aborda la problemática de las aseguradoras: El 30% del fraude asegurador está vinculado con montachoques. ¿Por qué no se incluyen mecanismos de colaboración con el sector asegurador?
- No menciona tecnología: ¿Cámaras de videovigilancia? ¿Apps de emergencia? ¿Geolocalización? Ninguna herramienta tecnológica aparece en la propuesta.
La retórica vs. la realidad
El diputado Zertuche Romero declaró: «Lamentablemente, esta práctica se ha vuelto más frecuente… Actualmente, nuestra legislación no contempla de manera específica esta conducta, lo que dificulta su persecución.»
Esta afirmación es parcialmente cierta pero engañosa. Sí, el delito no está específicamente tipificado en el código penal de esta entidad, pero sí existen figuras jurídicas como la extorsión y el fraude que ya permiten perseguir a los montachoques. La «falta de tipificación específica» no es el principal obstáculo: el verdadero problema es la falta de denuncias, investigaciones efectivas y coordinación entre autoridades.
Según la Fiscalía de la Ciudad de México, las denuncias por montachoques aumentaron 15% en el último año, pero la tasa de esclarecimiento sigue siendo baja. ¿Más leyes resolverán esto? La experiencia en otras entidades sugiere que no.
Conclusión: una iniciativa incompleta
La propuesta de Zertuche Romero y sus colegas tiene el mérito de mantener vigente un tema de seguridad pública importante. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, presenta serias deficiencias:
- 🔴 Redundancia: Tipifica un delito que ya se sanciona bajo otras figuras.
- 🔴 Penas insuficientes: Son menores que las de otras entidades y carecen de elementos disuasorios como el decomiso de vehículos.
- 🔴 Ausencia de prevención: No incluye protocolos, capacitación ni campañas de denuncia.
- 🔴 Sin mecanismos de coordinación: Ignora la naturaleza interjurisdiccional del delito.
- 🔴 Posible motivación política: Presentada a menos de dos años de las elecciones, con respaldo «multipartidista» que no garantiza aprobación.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera. Su destino probable: quedar en el limbo legislativo o aprobarse como una ley de letra muerta, más útil para los comunicados de prensa que para las calles.
Para que una ley contra los montachoques funcione, no se necesitan más artículos en el Código Penal: se necesitan policías bien capacitados, fiscales que investiguen, jueces que sentencien y ciudadanos que confíen en denunciar. Hasta que eso suceda, las iniciativas como esta seguirán siendo, en el mejor de los casos, un buen intento; en el peor, pura mercadotecnia política.
Fuentes consultadas:
- Comunicado oficial del Congreso del Estado, 2 de junio de 2026
- Iniciativa con proyecto de decreto del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, Cámara de Diputados, 7 de octubre de 2025