Columbia Heights, Minnesota. — La detención de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años interceptado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando regresaba de la escuela, ha reavivado la preocupación por el impacto de las políticas migratorias estadounidenses en los derechos de la infancia.
El menor fue retenido el pasado 20 de enero durante un operativo dirigido a arrestar a su padre, mientras caminaba hacia su vivienda con su mochila escolar. De acuerdo con el distrito escolar de Columbia Heights, otro adulto presente en el domicilio se ofreció a hacerse cargo del niño, sin embargo, la propuesta fue rechazada por los agentes federales.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justificó la detención señalando que se produjo tras un intento de huida del padre, versión que ha sido desmentida por la familia. Desde Ecuador, la tía del menor, Ana Conejo, aseguró que su hermano no se resistió al arresto y que no cuenta con antecedentes penales.
La familia Ramos, de nacionalidad ecuatoriana, había solicitado asilo en Estados Unidos tras presentarse en la frontera mediante la aplicación oficial CBP One. Según su abogado, Marc Prokosch, cumplieron con todos los procedimientos legales y tenían solicitudes migratorias en curso al momento de la detención.
“A ICE no le importó que existieran trámites pendientes y simplemente los arrestaron”, declaró el litigante en conferencia de prensa.
Miles de niños detenidos dentro del país
El caso de Liam no es aislado. Según cifras del Deportation Data Project, entre enero y octubre de 2025, ICE procesó a aproximadamente 3,800 menores en centros de detención familiar. Más de 2,600 fueron detenidos en el interior del país, no en la frontera, y entre ellos hay niños de uno y dos años de edad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que esta práctica representa un giro en la política migratoria, que anteriormente concentraba la detención familiar en cruces fronterizos recientes. Actualmente, los operativos se enfocan en familias que ya viven en comunidades, con hijos escolarizados y procesos legales activos.
“Ya no se trata de personas recién llegadas. Son familias que están establecidas, que tienen permisos temporales o solicitudes pendientes. No hay estatus que garantice protección”, señaló Becky Wolozin, abogada del Centro Nacional para el Derecho de los Jóvenes.
Condiciones de detención y marco legal
Testimonios recopilados por organizaciones civiles señalan que algunas familias han sido retenidas durante días en espacios improvisados como aeropuertos y edificios administrativos, sin acceso adecuado a servicios médicos, con iluminación permanente y restricciones para salir al exterior.
La mayoría de los menores detenidos con sus padres son trasladados al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, administrado por la empresa privada CoreCivic, con capacidad para más de 2,000 personas.
El llamado Acuerdo Flores, vigente desde 1997, establece protecciones especiales para menores bajo custodia migratoria y limita el tiempo de detención infantil. Sin embargo, recientes iniciativas legislativas impulsadas por el Partido Republicano buscan permitir la retención de familias hasta su deportación, lo que organizaciones civiles consideran incompatible con estándares internacionales de derechos humanos.
En el operativo ocurrido en Columbia Heights, además de Liam, otros tres menores fueron detenidos: dos adolescentes de 17 años y un niño de 10, lo que incrementó la preocupación entre autoridades educativas y organizaciones comunitarias.
Defensores de la niñez advierten que la detención migratoria tiene efectos psicológicos duraderos en niñas y niños, especialmente cuando ocurre en entornos cotidianos como escuelas y vecindarios. “Estas políticas no solo regulan la migración, también están marcando la infancia de miles de menores”, concluyeron.
Imagen generada con IA.