- Sólo en los dos últimos años, más de 250.000 niñas y niños migrantes han entrado sin compañía a los Estados Unidos.
- Se ha incrementado en 69% el número de niñas y niños empleados ilegalmente por empresas, desde 2018.
- Preocupan intentos de reformas legislativas en EU para legalizar la explotación de la fuerza de trabajo de niñas y niños migrantes que huyen de la violencia y la pobreza.
7 de marzo de 2023. The New York Times dio a conocer, el pasado 25 de febrero, información relevante con respecto a la contratación ilegal de adolescentes centroamericanos en trabajos que les explotan laboralmente. Una revelación importante sobre la economía de explotación en los Estados Unidos que estalló en 2021, donde niños y jóvenes trabajan largas jornadas (de hasta 12 horas).
De acuerdo con el reportaje “En 2022, la niñez migrante no acompañada que ingresó a Estados Unidos alcanzó la cifra de 130.000 —el triple que el número registrado cinco años antes— y se espera que este verano se produzca otra oleada. No se trata de niñas y niños sin registro, al contrario, el Gobierno de los Estados Unidos sabe que se encuentran en su país y sus patrocinadores tienen la obligación de mantenerles y los protejan de la trata o la explotación”
El mismo documento, señala que la Casa Blanca ha incrementado las exigencias de funcionarios para que saquen rápidamente a niñas y niños de los centros de acogida, por lo que los patrocinadores se analizan de forma apresurada, lo cual podría derivar en que las personas a su cargo no sean las más adecuadas y les utilicen explotándoles laboralmente.
Para las y los defensores de derechos de la infancia son muy preocupantes los intentos de reformas legislativas locales en Iowa, Ohio, Minnesota y Wisconsin para legalizar la explotación de la fuerza de trabajo de niñas y niños migrantes de América Latina que huyen de la violencia y la pobreza. Lo cual está alertando a sindicatos y organizaciones ciudadanas, especialmente porque los Estados Unidos siguen siendo el único país del mundo en negarse a ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
En México el poder legislativo aprobó en silencio, sin la participación de las organizaciones sociales, sindicatos, ni expertas laboristas; una reforma regresiva a la Ley Federal del Trabajo para legalizar el empleo de adolescente entre 15 y 17 años en actividades agropecuarias ‘de bajo riesgo’. Diversas organizaciones hemos advertido que esta reforma es violatoria del convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de reducir el nivel de protección a la niñez establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La fragilidad institucional del Estado mexicano permitió que la agroindustria lograra imponer un reforma regresiva con una narrativa de posverdad “garantista de derechos”.
Por lo anterior, urgimos a los gobiernos de Estados Unidos y México a crear dentro del T-MEC un grupo de trabajo para iniciar urgentemente con la creación de un “Mecanismo Transnacional de Protección Integral de Niñez Migrante y Refugiada” que permita el acompañamiento por parte de las autoridades los países Centroamericanos, México y de los Estados Unidos para coordinar la garantía y restitución de derechos en todo el trayecto migratorio, los procesos de residencia y actividades laborales.
Es importante que los gobiernos centroamericanos asuman su corresponsabilidad con la niñez migrante, luego de darse a conocer estos casos de explotación. Sin la participación directa de las autoridades responsables de la protección de derechos de la niñez en Centroamérica, México y Estados Unidos, perderemos la certeza que existirá algún tipo de respuesta en el marco de sus derechos humanos.
Las empresas, las agencias de empleo, subcontratistas y autoridades laborales, tienen la obligación de prevenir que adolescentes migrantes sean víctimas de explotación laboral. Es necesario que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH recupere las exigencias urgentes que hemos expresado las organizaciones que promovemos la protección integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes en los procesos migratorios.
Por lo anterior, nos sumamos al llamado a:
- Que los Departamentos de Trabajo y Salud y Servicios Humanos en los Estados Unidos, aumenten sus esfuerzos para examinar a los empleadores de adolescentes migrantes e investiguen las violaciones a las leyes de protección del trabajo infantil por las empresas responsables.
- Fomentar la colaboración y mejorar el intercambio de información entre las agencias e instituciones del Estados Unidos, México y Centroamérica para garantizar la salud, educación y bienestar de la niñez migrante y refugiada en los EE. UU.
- Usar los mecanismos legales del TMEC para identificar y responsabilizar a los empleadores que explotan el trabajo infantil en las cadenas de suministro, con sanciones civiles y monetarias eficaces. Colocado especial énfasis en la investigación de posibles redes de trata trasnacional con fines de explotación laboral.
- Ampliar los servicios de acompañamiento y protección a niñez migrante, posterior a la liberación de niñez no acompañada para verificar su asistencia en la escuela, garantizar que comprendan el proceso legal de inmigración, asistencia a sus audiencias judiciales, y acceso a servicios médicos, de salud mental y de asesoramiento familiar para los que puedan ser elegibles.
- Elaborar campañas de información especializadas para que la niñez migrante no acompañada conozcan sus derechos y comprendan las restricciones legales para trabajar antes de los 18 años.