Representantes empresariales y sindicales del sur de Tamaulipas expresaron su preocupación por los cambios en la Ley del Infonavit, aprobados recientemente en el Congreso de la Unión. Los asistentes destacaron la necesidad de mantener la transparencia en el manejo de los recursos y preservar el equilibrio en la toma de decisiones dentro del organismo.
Lo anterior fue expuesto en rueda de prensa, donde la presidenta de Coparmex en Tampico, Quetzali Rodríguez Rodríguez, afirmó que la iniciativa «atenta contra el principio de tripartismo que ha caracterizado al Infonavit, al darle al gobierno un control desproporcionado sobre los recursos de los trabajadores».
Preocupaciones clave sobre la reforma
Los empresarios y sindicatos señalaron que la reforma, promovida por el Ejecutivo federal, modifica la estructura de gobernanza del Infonavit y pone en riesgo la gestión de los ahorros de los trabajadores. En particular, alertaron sobre los siguientes puntos:
1. Pérdida de equilibrio en la toma de decisiones
La reforma proponía otorgar al Gobierno Federal una mayoría en la comisión de vigilancia del Infonavit (5 representantes gubernamentales contra 2 de trabajadores y 2 de empresarios). Aunque la Cámara de Diputados corrigió este punto y devolvió el equilibrio tripartito, el Senado aún debe ratificarlo.
Al respecto, Sergio Treviño Castillo, secretario del Centro Empresarial, explicó: «Estamos ante un intento de centralización que pone en riesgo la representación equitativa de trabajadores, sindicatos y empresarios. No podemos permitir que se tomen decisiones unilaterales sobre los fondos de vivienda».
2. Creación de una megaempresa constructora
Se prevé la formación de una nueva entidad encargada de desarrollar vivienda con recursos del Infonavit, pero sin los controles y auditorías que rigen al organismo.
Julián González Álvarez, protesorero de Coparmex, señaló que «se está creando una estructura con muy bajo nivel de control y auditoría. No queremos que el dinero de los trabajadores termine en una administración poco transparente».
3. Uso discrecional de los fondos de vivienda
Se denunció que el Gobierno Federal tomó 6,000 millones de pesos del fondo del Infonavit en 2024, argumentando que provenían de cuentas inactivas de trabajadores mayores de 70 años. Además, se prevé que en 2025 se tomen otros 10,000 millones de pesos.
Juan Ángel Paredes, representante del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, cuestionó: «¿Con qué derecho el gobierno dispone de un dinero que no le pertenece? Los fondos del Infonavit son de los trabajadores y deben usarse exclusivamente para su beneficio».
4. Debilitamiento de la Asamblea General
La reforma reduce el poder de este órgano, que tradicionalmente ha sido el máximo espacio de gobernanza del Infonavit, donde se tomaban decisiones de manera colegiada entre empresarios, trabajadores y gobierno.
Fernando Martínez, representante de AMASFAC, advirtió: «Nos preocupa que se quieran tomar decisiones sin consultar a los sectores involucrados. La Asamblea General debe seguir siendo el espacio donde se garantice la representación de todos».
5. Falta de reglas claras en la administración de los recursos
Los representantes empresariales subrayaron que, aunque el Infonavit necesita mejoras, la reforma no establece mecanismos concretos para garantizar el uso eficiente y transparente de los fondos.
Alejandro Manuel Sovera, presidente electo del CIES, enfatizó: «Estamos a favor de modernizar el Infonavit, pero no de una reforma que deja en la incertidumbre el manejo de miles de millones de pesos».
6. Posibles impugnaciones legales
Se planteó la posibilidad de interponer recursos legales para frenar la aplicación de la reforma, aunque las modificaciones constitucionales previas han dificultado este tipo de acciones.
Un representante del sector patronal, quien ha participado en la Comisión Consultiva Regional del Infonavit, recordó que «existen candados legales que pueden impedir suspender la reforma, pero eso no significa que dejaremos de buscar mecanismos para proteger los derechos de los trabajadores».
Llamado al Gobierno y al Congreso
Los asistentes recalcaron que la vivienda es un derecho fundamental y que los recursos del Infonavit pertenecen a los trabajadores, no al gobierno. Por ello, exigieron que cualquier reforma se realice con transparencia y sin comprometer el modelo tripartito que ha regido al organismo.
Se espera que el Senado resuelva esta semana si mantiene el equilibrio en la toma de decisiones o si aprueba la versión original de la reforma, que daría al gobierno mayor control sobre el Infonavit. Empresarios y sindicatos advirtieron que seguirán atentos a los cambios y buscarán medidas para evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores.
