Por Lidia Rita Bonilla Delgado| RealidadesMx
En un movimiento que pone en riesgo los frágiles avances en materia de acceso a la información y rendición de cuentas en Tamaulipas, el Congreso local ha aprobado en comisiones la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITAIT), para ceder sus funciones a una nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno —una dependencia subordinada al Ejecutivo estatal.
📉 ¿Retroceso disfrazado de reforma?
Aunque el discurso oficial habla de «eficiencia», «simplificación» y «armonización legal», la realidad es más preocupante: se está eliminando un órgano autónomo, garante del derecho a saber, y transfiriendo su función a una oficina gubernamental que depende directamente del poder político que debería fiscalizar.
El ITAIT, aunque perfectible, era uno de los pocos contrapesos institucionales reales en el estado. Su desaparición no solo centraliza el control de la información, sino que coloca la vigilancia del poder en manos del propio poder. Es el equivalente a pedirle al zorro que cuide el gallinero.
📚 La reforma, en resumen:
Se expide una nueva Ley de Transparencia y otra de Protección de Datos Personales, armonizadas con la ley federal.
Se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública para crear la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que absorberá tareas del ITAIT y la Contraloría Gubernamental.
La Contraloría es excluida de los órganos de gobierno de entidades paraestatales, que ahora estarán bajo vigilancia de la Secretaría de Administración.
⚠️ Centralización peligrosa
La nueva Secretaría concentrará funciones clave: control interno, fiscalización, protección de datos, y transparencia. Todas bajo el paraguas del Ejecutivo. No hay mecanismos claros de supervisión ciudadana, ni se garantiza independencia operativa.
Este tipo de reformas contradicen el espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción, que exige órganos autónomos y ciudadanos. Lejos de fortalecer la rendición de cuentas, se institucionaliza la opacidad en nombre del “buen gobierno”.
🤐 ¿Quién protege ahora el derecho a saber?
La transparencia no puede depender de la voluntad política del gobernante en turno. Con esta decisión, el Congreso debilita la democracia local, cancela el acceso independiente a la información y obstaculiza la denuncia ciudadana frente a abusos del poder.
📍 La decisión final aún debe tomarse en el Pleno. Si esta reforma avanza, marcará un antes y un después en el retroceso institucional de Tamaulipas. La ciudadanía, la academia y las organizaciones civiles deben alzar la voz. El derecho a saber está en juego.
