Las peticiones incluyen la transición hacia economías libres de fósiles, la protección de los derechos de las comunidades afectadas, y la reparación integral de los daños causados por el cambio climático.
SAN JOSÉ, Costa Rica, 20 de agosto de 2024. Hoy, en un acto de trascendencia histórica para la justicia climática en América Latina, más de 400 comunidades, pueblos y actores de la sociedad civil presentaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la «Declaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática». Este documento, producto de un proceso participativo amplio, busca que la Corte establezca estándares claros sobre las obligaciones de los Estados para proteger los derechos humanos en medio de la crisis climática.
El documento es el resultado de las exposiciones presentadas por más de 150 participantes durante audiencias públicas celebradas en Bridgetown, Barbados; Brasilia, Brasil; y Manaos, Brasil. Las audiencias, que reunieron a representantes de comunidades directamente afectadas por la emergencia climática, ofrecieron un espacio para dar voz a los testimonios de quienes viven en carne propia los efectos devastadores del cambio climático.
La Declaración de Manaos se presenta en un momento crucial, dado que la Corte IDH se prepara para emitir una Opinión Consultiva sobre la Emergencia Climática y Derechos Humanos. Esta opinión tiene el potencial de convertirse en un hito legal, fijando los parámetros mínimos que los Estados deben cumplir para proteger los derechos humanos en el contexto de la crisis climática. Como subraya Marcella Ribeiro, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), «la decisión de la Corte puede reforzar y expandir lo que ya ha sido establecido por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre las obligaciones de proteger el océano del cambio climático, e influirá en la posterior interpretación de la Corte Internacional de Justicia sobre los deberes de los Estados en esta materia.»
Entre las peticiones clave de la Declaración de Manaos, se destaca la necesidad de que la Corte reconozca que, en el contexto de la emergencia climática, la protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente sano, es una obligación exigible a todos los Estados. Este reconocimiento debe estar alineado con el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y con los objetivos del Acuerdo de París. La declaración también insiste en la necesidad de que los Estados transiten hacia economías libres de combustibles fósiles, minimizando los sacrificios de las comunidades locales y evitando impactos ambientales incompatibles con los límites planetarios.
Otro aspecto fundamental es la garantía de participación pública y acceso a la justicia climática. Las comunidades afectadas deben tener la posibilidad de acudir a los tribunales para defender sus derechos, y los sistemas judiciales deben estar capacitados para abordar asuntos climáticos de manera adecuada. Además, la Declaración subraya la importancia de proteger a los defensores del medio ambiente y asegurar que las medidas de adaptación al cambio climático respeten los derechos de los grupos más vulnerables.
La responsabilidad de las empresas también es un punto central en la Declaración. Luisa Gómez Betancur, abogada sénior del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), destaca que es esencial que la Corte refuerce la obligación de los Estados de regular a los actores corporativos, asegurando que quienes han contribuido significativamente a la crisis climática, como las empresas de combustibles fósiles y agroindustriales, asuman las consecuencias de sus acciones. «El que ‘contamina debe pagar’ es un principio de derecho internacional que debe ser aplicado con rigor en este contexto», afirma Gómez Betancur.
La Declaración de Manaos es, en esencia, un llamado a la acción para que la Corte IDH adopte un enfoque progresista y robusto que responsabilice a aquellos que más han contribuido a la crisis climática. Este enfoque debe guiar las políticas interamericanas hacia economías ambientalmente sostenibles y proporcionar un marco para la justicia climática, ambiental y social, no solo en América Latina, sino en el mundo entero.
Everildys Córdoba Borja, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la cuenca del río Tolo y zona costera sur (COCOMASUR) en Colombia, destaca la oportunidad única que tiene la Corte de marcar un antes y un después en la lucha por la justicia climática. «Esperamos que la Corte atienda nuestro llamado y ordene a los Estados respetar nuestro derecho a la autodeterminación y la forma en que nos relacionamos con nuestros territorios, priorizando su cuidado y conservación», concluye.
Con la presentación de la Declaración de Manaos, la comunidad internacional observa con atención la próxima decisión de la Corte IDH, esperando que ésta se convierta en un faro de esperanza y justicia en la lucha global contra el cambio climático.
