Ciudad Victoria, Tamaulipas, 27 de febrero de 2025— La Contraloría Gubernamental del estado informó sobre los avances en más de 3,500 procedimientos administrativos, de los cuales 83 han derivado en sanciones contra exfuncionarios y servidores públicos, incluyendo 33 inhabilitaciones por omisión en la declaración patrimonial.
En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, detalló que las sanciones incluyen 26 amonestaciones, 3 suspensiones y 54 inhabilitaciones, destacando que 21 personas han sido inhabilitadas por incurrir en conductas contrarias a la normatividad.
Además, explicó que los 33 exfuncionarios inhabilitados pertenecían a la administración anterior y fueron sancionados por no presentar su declaración patrimonial y de intereses en tiempo y forma. De ellos, 19 omitieron su declaración al concluir su cargo y 14 no la modificaron cuando correspondíaj
Como parte de las investigaciones, la Contraloría ha presentado cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 12 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas. Además, ha turnado 24 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa por faltas consideradas graves.
Las sanciones involucran a funcionarios de diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Economía, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Obras Públicas y la Oficina del Gobernador, entre otras.
Pedraza Melo subrayó que estas acciones responden a la política de rendición de cuentas y combate a la corrupción impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.
“El compromiso es garantizar el debido proceso en las investigaciones e informar a las y los tamaulipecos sobre las sanciones aplicadas, porque en Tamaulipas los servidores públicos deben conducirse con ética e integridad”, afirmó.
Finalmente, la contralora reiteró el principio de «nada ni nadie por encima de la ley», citando una frase de Benito Juárez, destacada también por la presidenta Claudia Sheinbaum
Las inhabilitaciones y denuncias forman parte de un esfuerzo por fortalecer la legalidad en el servicio público, en un estado que ha enfrentado diversos escándalos de corrupción en administraciones anteriores. Expertos señalan que este tipo de medidas pueden mejorar la confianza ciudadana en las instituciones, siempre que se garantice un proceso transparente y sin sesgos políticos.
