El Congreso del Estado de Tamaulipas ha emitido una postura firme ante lo que consideran una intervención indebida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la reciente reforma constitucional del Poder Judicial, aprobada y promulgada el 15 de septiembre de 2024. En un comunicado firmado por 24 legisladores, se destaca que la reforma fue avalada de manera legal y apegada a la Constitución, sin que se presentaran actos de inconstitucionalidad durante su proceso.
Los congresistas enfatizan que el procedimiento constitucional fue seguido de manera rigurosa, cumpliendo con todas las fases necesarias para su aprobación. Subrayan que más de una veintena de congresos locales avalaron la reforma, lo que, en su opinión, refuerza la legitimidad del proceso. La reforma, afirman, es ahora una «ley inatacable».
El documento cuestiona a ocho ministros de la Suprema Corte que han expresado dudas sobre la constitucionalidad de la reforma. Los legisladores consideran esta postura como una violación a la soberanía de los congresos locales y acusan a los ministros de sacrificar sus principios al permitir «revisiones injustificadas». Recuerdan además que, según la propia Constitución, los actos del Poder Reformador no están sujetos a control jurisdiccional.
En su comunicado, los congresistas hacen un llamado público a la SCJN para que respete la reforma ya promulgada y cumpla con su papel de hacer valer la Constitución y las leyes emanadas de ella. Advierten que la negativa a acatar lo establecido podría derivar en que «el pueblo se los demande».
El Congreso de Tamaulipas reitera la importancia de defender al Poder Reformador, que consideran como la expresión directa de la soberanía del pueblo. Los legisladores concluyen demandando que la Suprema Corte y los tribunales de justicia asuman su responsabilidad constitucional y dejen de cuestionar un proceso que, según ellos, se llevó a cabo en total apego a la ley.
Entre los firmantes del comunicado se encuentran figuras clave del Congreso tamaulipeco, como Humberto Armando Prieto Herrera, Úrsula Patricia Salazar Mojica, Blanca Aurelia Anzaldua Nájera, Magaly Deandar Robinson, Marcelo Abundiz Ramírez, y Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, quienes manifestaron su preocupación por las implicaciones que este debate podría tener para la estabilidad del sistema constitucional mexicano.
