- Entre cifras, reconocimientos y llamados a la coordinación institucional, la comparecencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas dejó una pregunta clave sin responder: ¿están disminuyendo realmente las violaciones a derechos humanos en la entidad o solo se están documentando mejor? Con 830 quejas nuevas en 2025 y señalamientos recurrentes contra Fiscalía, Seguridad Pública y Educación, el informe evidenció actividad intensa, pero escasa evaluación sobre impacto estructural y cumplimiento efectivo de recomendaciones.
Ciudad Victoria, 17 de febrero de 2026.— La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas presentó su informe anual 2025 ante el Congreso local en una comparecencia sin cuestionamientos de fondo y con tono institucional.
El informe destacó 830 expedientes de queja iniciados en 2025, que sumados a rezagos del año anterior alcanzan 1,054 asuntos, de los cuales el 72% fueron resueltos. También se emitieron 30 recomendaciones, 105 medidas cautelares y 312 acompañamientos en operativos de búsqueda de personas.
Sin embargo, el reporte evidencia que las dependencias con mayor número de señalamientos fueron la Secretaría de Educación (146 quejas), la Fiscalía General de Justicia (126) y la Secretaría de Seguridad Pública (77), tres áreas clave del aparato estatal.
Aunque se resaltaron acciones de capacitación —más de 37 mil personas impactadas— y presencia territorial en los 43 municipios, el informe omitió detallar el nivel de cumplimiento efectivo de las recomendaciones emitidas, así como posibles sanciones o cambios estructurales derivados de las violaciones detectadas.
En el ámbito federal, se reportaron quejas contra instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que revela que los conflictos en materia de derechos humanos no se limitan al ámbito estatal.
Entre las recomendaciones destacadas figuran deficiencias en el servicio de agua potable en organismos municipales y una resolución en materia de seguridad social que beneficia a la comunidad LGBT+, ampliando criterios de afiliación.
Pese al volumen de actividad reportada, la comparecencia se desarrolló sin debate sustantivo por parte de las y los diputados, quienes reconocieron el trabajo institucional y reiteraron el respeto a la autonomía del organismo.
Especialistas advierten que el reto central no es el número de capacitaciones o expedientes iniciados, sino el impacto real en la reducción de violaciones a derechos humanos, la reparación integral a víctimas y la transformación de prácticas en dependencias recurrentemente señaladas.
La comparecencia concluyó sin que se presentaran metas específicas para 2026 ni indicadores de mejora comparativa respecto a años anteriores.
