La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a los Estados de la región a preservar los avances logrados y alerta sobre los riesgos de retrocesos, especialmente frente a proyectos que afectan territorios ancestrales, industrias extractivas, desalojos y criminalización de defensores. Para México, el mensaje adquiere especial relevancia tras los cambios constitucionales recientes en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Washington, D.C.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó una advertencia que alcanza directamente a México: el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas no es suficiente si no se traduce en decisiones públicas que respeten su autonomía, territorio y capacidad de decidir sobre su propio desarrollo.
En su comunicado 160/26, difundido el 12 de agosto, la Comisión llamó a los Estados de América a proteger los avances alcanzados en materia de libre determinación de los pueblos indígenas y tribales y evitar cualquier retroceso normativo, institucional o presupuestario.
La advertencia llega en un momento particularmente relevante para México. El país ha avanzado en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derechos, pero el desafío ahora está en convertir ese reconocimiento en mecanismos efectivos de participación y decisión.
El derecho a decidir sobre el propio territorio
Para la CIDH, la libre determinación no es un concepto simbólico. Comprende la capacidad de los pueblos para definir sus formas de gobierno y autogobierno, establecer sus prioridades de desarrollo en sus territorios ancestrales y preservar su cultura e identidad.
La Comisión advierte que ese derecho resulta indispensable para ejercer otros derechos colectivos e individuales. Por ello, cualquier política pública o proyecto que afecte territorios indígenas debe considerar a sus comunidades como sujetos con capacidad de decisión y no únicamente como población beneficiaria o afectada.
El punto más delicado está en la consulta.
La CIDH insiste en que la consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y realizada de buena fe, y que en los casos en que corresponda debe obtenerse el consentimiento de los pueblos.
Esto coloca un límite claro a la actuación de gobiernos y empresas: una reunión informativa no puede confundirse automáticamente con una consulta efectiva.
México: el reto está en pasar del reconocimiento a la aplicación
México tiene un marco constitucional que reconoce derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y ha desarrollado procesos institucionales para su consulta. El propio Gobierno federal reconoce que la consulta previa, libre e informada constituye un derecho colectivo y una obligación vinculada con decisiones que puedan afectar a estas comunidades.
Sin embargo, la advertencia de la CIDH obliga a mirar más allá de la existencia de leyes y reformas.
El verdadero examen será determinar qué ocurre cuando los intereses de una comunidad indígena entran en conflicto con proyectos de infraestructura, energía, minería, hidrocarburos, aprovechamiento de recursos naturales, obras públicas o cualquier otra actividad que transforme su territorio.
La propia CIDH identifica como problemas persistentes en la región la falta de consulta y consentimiento, los desalojos forzados, la expansión de industrias extractivas sin garantías suficientes y la criminalización de dirigentes y defensoras y defensores indígenas.
La advertencia sobre los retrocesos
Uno de los aspectos más contundentes del pronunciamiento es que la Comisión no sólo pide crear nuevos derechos. Exige proteger los avances ya alcanzados.
La CIDH advierte que los progresos pueden revertirse mediante cambios legales, reducción de presupuestos o, incluso, por falta de voluntad política para implementar las normas.
Ese señalamiento resulta particularmente importante para México porque una reforma constitucional puede convertirse en una promesa incumplida si las comunidades carecen de mecanismos, recursos y autoridades capaces de hacer efectivos sus derechos.
El propio Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ha reconocido que, aunque existen criterios de la Suprema Corte y de tribunales que favorecen la libre determinación y autonomía, todavía es necesario ampliar sus efectos, particularmente para comunidades que no cuentan con recursos suficientes para llevar sus conflictos ante los tribunales.
No basta con consultar después de decidir
La discusión de fondo es, por tanto, mucho más profunda que organizar reuniones con comunidades.
La consulta pierde sentido si el proyecto ya está decidido, si la información entregada es incompleta, si no se consideran las particularidades culturales de la comunidad o si la participación se reduce a un procedimiento administrativo destinado a legitimar una decisión previamente tomada.
La CIDH coloca la vara más alta: la participación indígena debe formar parte de la construcción de las decisiones que afectan sus territorios y formas de vida.
Esto representa un desafío para los tres niveles de gobierno y para los particulares que desarrollen proyectos en territorios indígenas o afromexicanos.
El territorio no puede reducirse a una superficie disponible para proyectos
El mensaje de la Comisión también cuestiona una visión tradicional del desarrollo en la que el territorio aparece únicamente como espacio disponible para infraestructura, inversión o explotación de recursos.
Para los pueblos indígenas, el territorio tiene una dimensión cultural, histórica, comunitaria y colectiva. De ahí que la libre determinación esté estrechamente vinculada con el derecho a conservarlo y decidir sobre su futuro.
La CIDH ha sostenido además que la libre determinación implica reconocer las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas como elementos vinculados con sus derechos colectivos.
La advertencia también alcanza a quienes defienden el territorio
Otro foco rojo es la criminalización de líderes y lideresas indígenas.
La defensa del territorio no puede convertirse en motivo para perseguir, estigmatizar o criminalizar a quienes cuestionan proyectos que consideran perjudiciales para sus comunidades.
La CIDH ha documentado históricamente situaciones de represión y violencia contra comunidades indígenas que ejercen derechos de protesta y defensa territorial, subrayando la obligación estatal de garantizar sus derechos y evitar el uso excesivo de la fuerza.
México enfrenta ahora la prueba de los hechos
La relevancia del comunicado 160/26 para México está, precisamente, en que llega después de importantes avances normativos.
El país puede presumir de reformas y de un reconocimiento constitucional más amplio de los pueblos indígenas y afromexicanos. Pero la CIDH recuerda que el reconocimiento jurídico es apenas el punto de partida.
La prueba estará en los territorios: en las comunidades que enfrenten proyectos de infraestructura o explotación de recursos; en los procesos de consulta; en la protección de sus autoridades tradicionales; en el respeto a sus decisiones y en la capacidad del Estado para garantizar que sus derechos no dependan de que tengan dinero para contratar abogados o iniciar litigios.
La advertencia interamericana es clara: los derechos de los pueblos indígenas no deben depender de la voluntad política del gobierno en turno ni quedar subordinados a intereses económicos o proyectos de desarrollo.
La CIDH pidió a los Estados incorporar las recomendaciones de su informe sobre libre determinación a sus políticas públicas, consolidar los avances normativos e institucionales y fortalecer el diálogo con las autoridades y organizaciones representativas indígenas.
Para México, el desafío es convertir la reforma constitucional y el reconocimiento de derechos en una realidad cotidiana.
Porque si una comunidad tiene derecho a decidir, pero su voz sólo es escuchada cuando el proyecto ya está aprobado, la libre determinación corre el riesgo de convertirse en un derecho escrito, pero no ejercido.