Mérida, Yucatán, enero de 2025.- Por segunda ocasión, el caso del presunto despojo del emblemático hotel Mayaland Chichén Itzá fue expuesto en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, evidenciando graves irregularidades y omisiones por parte de las autoridades locales.
El abogado Gerardo Ostos Rincón Gallardo, representante legal del empresario Fernando Barbachano Herrero, denunció la negligencia de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y acusó a las autoridades estatales de proteger al empresario Rodolfo Rosas Moya, señalado como el responsable del despojo, respaldado presuntamente por el exgobernador y actual senador del PAN, Mauricio Vila Dosal.
Ostos recordó que, desde hace más de dos años, el hotel permanece bajo control de un grupo armado contratado por Rosas Moya, quien incumplió un acuerdo de compra con Barbachano. A pesar de contar con un fallo judicial a favor del legítimo propietario, la Fiscalía ha ignorado las órdenes de un juez federal para devolver el inmueble.
“La omisión de las autoridades locales refleja una grave complicidad. La intervención de la federación es urgente para restablecer el estado de derecho en Yucatán”, aseveró Ostos.
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que Yucatán es considerado uno de los estados más seguros del país, pero este caso pone en duda dicha percepción. Según Ostos, esta seguridad no se refleja en la acción de las autoridades, lo que podría motivar una intervención directa desde el Gobierno Federal.
El abogado también destacó que las denuncias por corrupción y violaciones a los derechos humanos ya han sido presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que eleva el conflicto a un nivel internacional.
“Este caso ya no es solo un problema local. Las implicaciones nacionales e internacionales hacen imperativo que el gobernador Joaquín Díaz Mena cumpla con su responsabilidad y garantice justicia para el empresario Barbachano”, subrayó.
La reiteración del caso Mayaland en “La Mañanera” pone en evidencia un sistema judicial que, según Ostos, opera bajo intereses políticos y económicos ajenos al cumplimiento de la ley. Las miradas ahora se dirigen hacia el Gobierno Federal, que enfrenta el reto de intervenir y resolver este emblemático caso de justicia.
