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En el Día Internacional de las Manos Rojas, el Defensor del Pueblo llama al Gobierno Nacional, a los departamentales y municipales a fortalecer acciones de prevención cuya finalidad contribuya a que los menores de edad no sigan siendo reclutados por las estructuras armadas ilegales.
Durante el 2023, la entidad de derechos humanos registró 184 casos de reclutamiento forzado. Los departamentos donde más tuvo lugar el grave delito fueron Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Arauca, Valle del Cauca y Caquetá. Las comunidades indígenas, las más afectadas.
El Botón de registro de casos, de la Defensoría del Pueblo, conoció durante el 2023 un total de 184 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA), 110 fueron niños y adolescentes y 74, niñas y adolescentes.
Las edades de las víctimas oscilaron entre los 9 y 17 años, siendo el rango etario entre 14 y 17 en el que se concentró el mayor número, con 123 casos. En relación con la pertenencia, el 68,4% hacía parte de comunidades indígenas, siendo este grupo poblacional el más afectado por el delito.
Departamentos y municipios más golpeados
Del número global de casos de reclutamiento, 125 correspondieron al departamento de Cauca; 14, a Norte de Santander; diez, a Nariño; seis, a Putumayo; seis, a Arauca; cinco, a Valle del Cauca; cinco, a Caquetá; cuatro, a Amazonas; cuatro, a Chocó; tres, a Antioquia, y dos, al Meta.
Inzá (Cauca) fue el municipio donde más hubo casos, con 24. Le siguieron Páez (Cauca), con 20; Caldono (Cauca), con 18; Morales (Cauca), con 10; Tibú (Norte de Santander), con nueve; Suárez (Cauca), con siete casos de reclutamiento.
Las estructuras criminales que más reclutaron el año anterior
Los grupos armados ilegales que con mayor frecuencia habrían recurrido a tan cruel práctica fueron las facciones disidentes de las Farc (91,1%), la guerrilla del ELN (7%), otros (1,3%) y grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (0,6%).
Las cifras, sin embargo, no demuestran la realidad de la situación en Colombia, a juicio de la Defensoría del Pueblo, porque el fenómeno está relacionado con la ausencia de un sistema de información que garantice la confidencialidad de las víctimas y sus familias.
