El gobierno municipal de Altamira encabezado por Armando Martínez Manriquez, presentó el informe de actividades del último trimestre como un balance de avances culturales, deportivos, ambientales y económicos. El mensaje central es claro: crecimiento, inversión y proyección nacional. Sin embargo, detrás de las cifras y los anuncios, quedan preguntas clave sobre impacto real, prioridades sociales y mecanismos de rendición de cuentas.
En materia cultural, el jefe de la comuna destaca festivales, conciertos y celebraciones tradicionales con miles de asistentes. No obstante, el reporte omite información básica: costos desglosados, contratos, criterios de selección artística y evaluación del impacto cultural. La cultura aparece más como vitrina política que como política pública medible.
En juventud y prevención social, se enumeran conferencias y jornadas en planteles educativos. Aunque la cobertura es relevante, el enfoque sigue siendo eventista: no se presentan indicadores que permitan saber si estas acciones reducen violencias, adicciones o abandono escolar. La prevención se anuncia, pero no se evalúa.
El deporte, destacó, es uno de los rubros más sólidos del informe. Los resultados de atletas altamirenses en competencias nacionales e internacionales son innegables y posicionan al municipio como referente estatal. Aun así, el gobierno no transparenta cómo se asignan los apoyos, qué pasa con quienes no llegan al podio ni cómo se garantiza la sostenibilidad del talento deportivo.
En medio ambiente, las jornadas de limpieza de playas son presentadas como logros relevantes. El problema es estructural: limpiar no es lo mismo que prevenir la contaminación. El informe no aborda las descargas, la presión industrial ni los impactos acumulados de los megaproyectos energéticos que se impulsan en la región.
Uno de los anuncios más ambiciosos es la planta de tratamiento de aguas residuales, bajo un esquema de concesión privada por 25 años. El discurso oficial subraya que el municipio no invertirá recursos públicos, pero no se ha hecho público el contrato completo, sus cláusulas, tarifas, mecanismos de auditoría ni escenarios de riesgo. En un tema tan sensible como el agua, la opacidad no es una opción.
El apartado económico y energético concentra el mayor peso político del informe: polo de desarrollo, ciclo combinado, parques fotovoltaicos, expansión portuaria y nuevas inversiones. El crecimiento es real, pero el informe equipara desarrollo económico con bienestar social, sin mostrar datos sobre desigualdad, acceso a servicios, presión urbana o participación ciudadana en decisiones que transformarán el territorio por décadas.
En suma, el informe confirma que Altamira avanza en infraestructura y atracción de capital, pero también revela una constante: muchos anuncios, pocas evaluaciones y escasa información verificable. La pregunta no es solo cuánto se invierte, sino quién decide, quién vigila y quién se beneficia.
El desarrollo, para ser legítimo, necesita algo más que cifras: necesita transparencia, contrapesos y ciudadanía informada.