Por Lidia Rita Bonilla Delgado
En un país donde ejercer el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo, las mujeres periodistas enfrentan una doble amenaza: la violencia estructural contra la prensa y la violencia de género que atraviesa todos los ámbitos de la vida pública.
El IX Encuentro de la Red Nacional de Periodistas, que reúne a comunicadoras de 24 estados del país, pone este problema en el centro del debate nacional.
A tres décadas de su fundación, la Red no solo celebra su historia, sino que se reorganiza frente a un escenario adverso marcado por la precarización laboral, el hostigamiento digital, las agresiones físicas y una forma particularmente insidiosa de censura: el acoso legal. Demandas, procesos administrativos, interpretaciones discrecionales de la ley y prácticas institucionales se utilizan hoy para intimidar, desgastar y silenciar voces críticas.
Estas prácticas no afectan a todas las personas periodistas por igual. En el caso de las mujeres, el acoso legal suele combinarse con estigmatización, violencia simbólica y ataques basados en estereotipos de género, lo que incrementa su impacto personal, profesional y emocional.
La relevancia del Encuentro radica en que no se limita a la denuncia. Apuesta por la construcción colectiva de diagnósticos, estrategias y propuestas que permitan incidir en políticas públicas, fortalecer redes de protección y exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de libertad de expresión y derechos humanos.
Hablar de acoso legal contra periodistas no es un tema corporativo. Es un asunto democrático. Cuando se silencia a las periodistas, se debilita el derecho de la sociedad a estar informada. La pregunta no es si estas prácticas existen, sino cuánto más se permitirá que operen con impunidad.
