Por Lidia Rita Bonilla Delgado
El gobierno presume músculo fiscal. El Servicio de Administración Tributaria reporta 5.35 billones de pesos recaudados en 2025: 15.2% del PIB, máximo histórico. Más auditorías. Más denuncias. Más sentencias.
El mensaje es claro: el Estado cobra y cobra bien.
Pero a ras del suelo la pregunta es otra: ¿a qué costo y para qué?
Recaudar más no prueba que la economía esté más fuerte; puede probar que la autoridad está apretando en un entorno que no crece al mismo ritmo. Los ilícitos más comunes no son tramas sofisticadas, sino faltas administrativas. No es una guerra contra élites evasoras internacionales. Es presión extendida.
Mientras la Federación fortalece caja, el gasto federalizado apenas avanzó 0.2% real. Dieciocho estados retrocedieron. La centralización no es discurso: es flujo de efectivo.
Y en el punto neurálgico aparece el dato que incomoda: la inversión de la Comisión Federal de Electricidad cayó 24% real en 2025, el arranque más bajo desde 1990. Menos transmisión. Menos mantenimiento. Más fragilidad.
Sin energía confiable no hay nearshoring. Sin red sólida no hay industria que arriesgue capital. La competitividad no se sostiene con comunicados.
En el frente externo, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ya no es técnica: es política. Migración, fentanilo, cadenas chinas, agua. El comercio convertido en palanca de presión. México negociará en un entorno menos comercial y más ideológico.
Dentro, la tensión empresarial crece. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advierte que la reducción de la jornada laboral elevaría costos hasta 5% anual hacia 2030. Más de 25 mil empresas dejaron de cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2025. Las pequeñas primero. Siempre las pequeñas.
El cuadro es incómodo: el Estado gana margen financiero mientras el aparato productivo pierde amortiguadores.
Disciplina fiscal, sí.
Pero también asfixia selectiva.
Porque a ras del suelo no importa el porcentaje del PIB. Importa si hay empleo estable, energía continua, crédito accesible y reglas previsibles.
La presidenta Claudia Sheinbaum proyecta control: reforma electoral, narrativa de orden, prudencia exterior. El diseño es claro.
Pero el poder no se mide en conferencias. Se mide en capacidad de amarrar mayorías y contener fisuras.
Impulsar una reforma constitucional sin votos blindados es cálculo de alto riesgo. Si falla, la señal será inequívoca: el bloque ya no opera como bloque.
El frente más delicado está en las auditorías del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Más de 100 mil millones de pesos sin aclarar. Observaciones en Pemex. Recursos ejercidos sin comprobación plena.
Aquí se decide algo más que dinero.
Si no hay consecuencias visibles, el discurso anticorrupción se vacía.
Si las hay, el costo interno puede ser alto.
El dilema no es técnico. Es político.
Y mientras se administra ese equilibrio, el país enfrenta un repunte de sarampión con miles de casos. En salud pública no se evalúan intenciones, sino curvas.
Nada de esto implica colapso inmediato.
Implica desgaste.
Y el desgaste es silencioso. Se acumula cuando hay presión fiscal intensa, inversión energética débil, tensiones comerciales crecientes y auditorías abiertas al mismo tiempo.
La aprobación puede resistir.
Pero la aprobación no transmite electricidad.
No genera consenso legislativo.
No borra observaciones multimillonarias.
El poder no cae de golpe.
Primero se concentra.
Luego se tensa.
Después se erosiona.
A ras del suelo, la señal es clara: los números récord ya no bastan para garantizar estabilidad.
El gobierno ha demostrado que sabe cobrar.
Ahora necesita demostrar que sabe sostener.