Por Lidia Rita Bonilla Delgado
Desde arriba todo parece claro. Desde abajo, no tanto. Por eso vale la pena mirar el día a ras del suelo, donde el poder se siente más de lo que se explica.
La reciente política exterior de Estados Unidos, marcada por tensiones comerciales y amenazas arancelarias incluso hacia socios como México, muestra que el uso de presión económica y discursos de seguridad ya no es exclusivo de disputas estratégicas como las del Ártico. La intención declarada de imponer tarifas o reconfigurar acuerdos como el TMEC ha generado incertidumbre sobre las reglas de juego entre aliados. A nivel global, analistas advierten que estas estrategias buscan reconfigurar jerarquías de poder, más que fomentar un diálogo cooperativo. La historia de Groenlandia, donde Estados Unidos ha puesto en el centro la seguridad geopolítica como justificación para imponer su agenda estratégica, resuena con estas prácticas en otras regiones, mostrando que la coerción se presenta muchas veces como cooperación de alto nivel, pero desde abajo se traduce en imposición y condicionamientos.
En México, los datos oficiales muestran que la economía siguió creciendo de manera modesta, pero insuficiente para atender tensiones sociales profundas. Según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la economía mexicana creció 2.3 % interanual en diciembre de 2025, aunque este avance fue pequeño y parte de una trayectoria de crecimiento moderado.
Aun así, diversas encuestas de expertos y organismos económicos plantean perspectivas más cautelosas para 2026: la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado ajustó la previsión del crecimiento del PIB mexicano a 1.3 % para 2026, reflejando la desaceleración que enfrentan sectores clave y la debilidad estructural de la inversión.
El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ha señalado que el país enfrenta “crecimiento insuficiente, presión inflacionaria y retos estructurales” que dificultan una recuperación sólida y equitativa del bienestar social.
“México es una economía que se ha sofisticado mucho, pero sigue enfrentando obstáculos para traducir su potencial productivo en crecimiento sostenido que beneficie a la mayoría de la población”, afirma Marisol Argueta, directora para América Latina del Foro Económico Mundial, quien subraya la importancia de políticas públicas que impulsen productividad con desarrollo humano.
Cabe destacar que la economía mexicana ha mostrado en la última década ciclos de crecimiento bajo que rara vez se traducen en mejoras sustantivas de empleo y derechos sociales.
Impacto real: desde abajo, este crecimiento se siente como insuficiente para generar empleos bien remunerados y reducir desigualdades persistentes.
Mientras tanto, en Tamaulipas, los discursos gubernamentales resaltan una aparente mejora en los principales indicadores de seguridad. El gobernador Américo Villarreal Anaya presentó cifras oficiales que indican una reducción del 57 % en homicidios dolosos entre 2023 y 2025, así como caídas en otros delitos de alto impacto como secuestro y robo. “Considero que nuestros indicadores revelan objetivamente una mejor condición que la que encontramos; ahí están las cifras”, afirmó el gobernador durante la presentación del informe.
Sin embargo, detrás de estos números, la percepción cotidiana de la seguridad sigue siendo frágil para muchas personas, especialmente en tramos carreteros y zonas rurales donde persisten extorsión, inseguridad en el libre tránsito y presencia de grupos armados.
El gobierno destaca reducciones relevantes en delitos de alto impacto. La realidad observable: es que estos avances estadísticos a menudo contrastan con la experiencia de quienes circulan o viven en comunidades donde los retos de seguridad cotidiana y la falta de acceso a la justicia siguen siendo palpables para la población.
A pesar de que las autoridades ensalzan avances en seguridad y en algunos indicadores macroeconómicos, los municipios del sur de Tamaulipas siguen enfrentando déficits estructurales en servicios públicos esenciales. El acceso al agua potable, drenaje, manejo de residuos y limpieza urbana continúa siendo limitado, impactando directamente la salud, el entorno ambiental y la calidad de vida de las familias.
En la vida cotidiana: una realidad marcada por la insuficiencia en servicios básicos que, desde abajo, se percibe como un rezago más urgente que los anuncios de mejoras en tasas delictivas o metas económicas generales.
Desde arriba se celebran datos y cifras que simbolizan progreso, pero a ras del suelo, la vida cotidiana de la gente sigue condicionada por brechas estructurales que afectan derechos humanos y bienestar básico.
Desde arriba todo se ve bien. A ras del suelo, la historia suele ser otra.