Tribunal Colegiado ordena medidas al Congreso para prohibición de plásticos de un solo uso en el país.
● Organizaciones ambientalistas y de protección a consumidores logran una medida cautelar de amparo para que el Congreso de la Unión deje de ser omiso e inicie acciones para legislar la prohibición de plásticos de un solo uso.
● El Tribunal retoma los estándares internacionales del Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU destacando que mde la Unión deberá iniciar los trabajos para legislar la prohibición de plásticos de un solo uso, reconociendo sus impactos a la salud y al ambiente y el deber del Estado de prevenir la exposición a estas sustancias tóxicas.
Este amparo fue interpuesto por las organizaciones Greenpeace México, El Poder del Consumidor y la Red Mexicana de Acción Ecológica, integrante de la Colectiva Malditos Plásticos.
El amparo interpuesto contra el Congreso por omisión, es parte del seguimiento que las organizaciones dieron a dos fallos de la Segunda Sala de la Suprema Corte en los que amparó a la industria refresquera invalidando la prohibición de plásticos de un solo uso, como PET y unicel en el estado de Oaxaca.
Esto sentó un precedente muy negativo para la progresividad en la protección a los derechos humanos, la salud y fue una clara regresión a derechos ambientales ya adquiridos.
El histórico resolutivo del Tribunal tomó, como argumentos contundentes, los estándares de derecho internacional establecidos en los informes del Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU, Marcos Orellana, en los que muestra que las etapas del ciclo del plástico tienen implicaciones negativas sobre el disfrute de los derechos humanos, que su uso agrava la emergencia climática y comprometen el pleno goce de los derechos, pues los desechos plásticos repercuten considerablemente en la salud humana y en el medio ambiente; de manera que sólo la imposición de límites jurídicamente vinculantes a la producción de plástico para usos esenciales puede marcar una diferencia.
El abogado Luis Miguel Cano, quien ha conducido la estrategia de las organizaciones civiles señaló: “Esta resolución da esperanza e incentiva a comunidades afectadas por contaminantes plásticos para que acudan al Poder Judicial, a fin de que se les proteja sus derechos y se ordenen medidas que remedien sus afectaciones”.
