Familiares de la víctima y su abogado pidieron al juez de control imponer prisión preventiva justificada al conductor, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad, habría estado bajo los efectos del alcohol y sustancias ilícitas y abandonó el lugar tras arrollar a la mujer.
ALTAMIRA, Tamaulipas.— La exigencia de justicia llegó hasta el Centro Integral de Justicia de La Pedrera, donde familiares de una mujer que murió tras ser atropellada reclamaron que el caso no quede impune y solicitaron a las autoridades investigar a fondo las circunstancias del accidente y las posibles responsabilidades del conductor señalado.
De acuerdo con el abogado de la familia, Víctor Hugo Gómez López, el detenido, identificado como Leonardo “N”, pertenece a la Secretaría de Marina y se desempeñaría como enfermero. Según los resultados periciales referidos por la defensa de la víctima, el conductor habría dado positivo a alcohol y a metabolitos relacionados con cocaína y marihuana.
Estos señalamientos deberán ser acreditados formalmente dentro del proceso penal y no constituyen, por sí mismos, una sentencia de culpabilidad.
Señalan exceso de velocidad y abandono de la víctima
El abogado sostuvo que el accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas sobre el bulevar Fidel Velázquez, a la altura del Parque Metropolitano, una zona de alta afluencia peatonal del municipio de Tampico.
Según la versión proporcionada por la familia, el vehículo habría circulado a una velocidad considerada excesiva, subió a la banqueta y arrolló a la mujer, quien habría sido arrastrada varios metros.
Uno de los señalamientos centrales es que el conductor presuntamente no se detuvo para auxiliar a la víctima y abandonó el lugar.
La persecución habría continuado con apoyo de cámaras de seguridad y elementos de tránsito y seguridad pública, hasta que el vehículo fue localizado en Ciudad Madero.
El abogado señaló además que el conductor habría sido localizado posteriormente dormido al volante, después de que se reportara que obstruía la vialidad.
De confirmarse judicialmente, el abandono del lugar y la ausencia de auxilio a la víctima podrían constituir elementos relevantes para determinar las medidas cautelares y la responsabilidad correspondiente.
Familia denuncia amenazas
A la tragedia se suma otro elemento que elevó la preocupación de los familiares.
De acuerdo con el abogado, la hermana de la víctima —quien participa como querellante— habría recibido llamadas provenientes de distintos números telefónicos en las que presuntamente se le exige otorgar el perdón y se le advierte que, de no hacerlo, enfrentaría consecuencias.
Ante ello, la representación legal anunció que solicitará medidas de protección y pondrá los hechos en conocimiento del juez de control y de las autoridades correspondientes para que se investigue el origen de las llamadas.
La existencia, autoría y contenido de esas amenazas deberán ser determinados mediante la investigación ministerial.
Reclaman falta de apoyo
La familia también cuestionó la ausencia, hasta el momento, de representantes de la Secretaría de Marina o de la aseguradora vinculada al vehículo para acercarse a los deudos y brindar apoyo ante los gastos derivados del fallecimiento.
Los familiares aseguraron que han enfrentado dificultades incluso para cubrir los gastos funerarios de la víctima.
“Lo único que quiero es justicia”, expresó una sobrina de la mujer fallecida, quien reconoció que ninguna resolución podrá devolverle a su familiar la vida, pero pidió que el caso no termine en impunidad.
La joven también reprochó la falta de empatía que, desde su perspectiva, habría mostrado el entorno del detenido frente al dolor de la familia.
Piden prisión preventiva justificada
La defensa de la víctima planteó ante el proceso judicial la necesidad de que el detenido permanezca privado de su libertad mientras se desarrolla la investigación.
El abogado argumentó que existen diversos factores que deben ser considerados por el juez, entre ellos el presunto estado de intoxicación del conductor, el exceso de velocidad, el abandono del lugar, un posible riesgo de fuga y las amenazas denunciadas por la familia.
La representación legal incluso planteó la posibilidad jurídica de analizar la figura del dolo eventual, bajo el argumento de que una persona que conduce presuntamente a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol y otras sustancias podría haber previsto la posibilidad de provocar un resultado mortal.
No obstante, será el Ministerio Público y posteriormente el juez de control quienes determinen qué clasificación jurídica corresponde a los hechos y cuáles son las medidas cautelares procedentes.
La Marina, bajo cuestionamiento
El caso también abrió un debate sobre la responsabilidad institucional.
La familia y su abogado consideraron necesario que la Secretaría de Marina revise el comportamiento del elemento señalado y, en su caso, determine si existen responsabilidades administrativas o disciplinarias.
La defensa sostuvo que, aunque el presunto responsable no se encontrara en funciones al momento del accidente, su pertenencia a una institución encargada de tareas de seguridad obliga a revisar su conducta y las posibles consecuencias dentro del ámbito institucional.
La Secretaría de Marina, por su parte, deberá fijar una postura oficial sobre el caso si corresponde, particularmente respecto de la situación administrativa del elemento señalado.
Justicia, no impunidad
Mientras el proceso avanza, la familia enfrenta una pérdida que ninguna resolución judicial podrá reparar completamente.
La exigencia es concreta: que se investiguen los hechos, que se determine la responsabilidad conforme a derecho y que no existan privilegios derivados de la pertenencia del acusado a una institución de seguridad.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa un problema mayor: los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias, la velocidad en zonas con alta presencia peatonal, la obligación de auxiliar a las víctimas y la necesidad de que las instituciones públicas respondan con transparencia cuando uno de sus integrantes se encuentra involucrado en un hecho de esta naturaleza.
La última palabra corresponderá al Ministerio Público y al juez de control, quienes deberán valorar las pruebas y determinar la situación jurídica del detenido.
Para la familia, sin embargo, la petición permanece intacta: que la muerte de su ser querido no quede impune y que la justicia alcance al responsable, independientemente de la institución a la que pertenezca.
b