Altamira, Tamaulipas. La segunda audiencia del caso por el feminicidio de la adolescente Dafne dejó al descubierto que, además de la investigación por el crimen, ahora también existe una disputa jurídica sobre la manera en que se está desarrollando el proceso penal.
La jornada estuvo marcada por dos posturas que, aunque opuestas, coinciden en una exigencia: que la verdad salga a la luz.
Por un lado, la madre de Dafne, Alejandra Quintos, denunció que fue retirada de la sala de audiencias pese a considerarse víctima indirecta del delito. Aseguró que la determinación judicial vulnera sus derechos de acceso a la justicia y de participación dentro del proceso, por lo que anunció que promoverá los recursos legales correspondientes.
Además, lanzó una advertencia pública contra personas y asociaciones que, según afirmó, han solicitado dinero utilizando su nombre y el caso de su hija sin autorización. Fue enfática al señalar que ni ella ni el padre de la menor han pedido apoyo económico y que cualquier colecta realizada en su nombre será denunciada ante las autoridades.
La madre de la víctima también reiteró que continuará impulsando la investigación para que todos los responsables comparezcan ante la justicia y pidió a quienes tengan información relevante que acudan a declarar ante la Fiscalía.
Mientras tanto, en el interior de la sala, la defensa de Dana Yanina buscó convencer al juez de que la joven no sea enviada nuevamente al Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES), argumentando que existen nuevos elementos de prueba que fortalecen su teoría del caso y sostienen que la imputada también fue víctima de los hechos ocurridos dentro de la institución educativa donde estudiaba.
Los abogados solicitaron tiempo para incorporar y analizar esas pruebas, insistiendo en que el proceso debe respetar plenamente el principio constitucional de presunción de inocencia.
Fuera de la audiencia, la madre y la abuela de Dana Yanina sostuvieron que la adolescente ingresó al plantel educativo en marzo con la expectativa de recibir una mejor preparación académica y que durante su estancia nunca manifestó ser víctima de agresiones. Sin embargo, relataron que al regresar a casa presentaba un cambio drástico en su comportamiento, permanecía callada, triste y evitaba hablar sobre lo sucedido.
Afirmaron que la joven acudió inicialmente para colaborar con la investigación y rendir su declaración, pero terminó siendo detenida, situación que consideran injusta. En su opinión, los verdaderos responsables son quienes dirigían la institución y quienes ejercían control sobre los estudiantes.
Un proceso bajo escrutinio
Desde la óptica jurídica, el caso enfrenta un reto importante. El sistema penal acusatorio obliga a las autoridades a garantizar simultáneamente los derechos de las víctimas y de las personas imputadas.
Las víctimas tienen derecho a participar en el procedimiento, ser escuchadas, recibir asesoría jurídica y acceder a la verdad y a la reparación del daño. Al mismo tiempo, toda persona imputada conserva el derecho a la presunción de inocencia, a una defensa adecuada y a ser juzgada únicamente con base en pruebas legalmente obtenidas y valoradas por un juez.
Cualquier inconformidad respecto a decisiones tomadas durante la audiencia puede ser combatida mediante los recursos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales serán resueltos por las autoridades jurisdiccionales competentes.
Lo que sigue
Mientras la defensa busca acreditar que Dana Yanina también fue víctima y no responsable de los hechos, la representación de la víctima mantiene su exigencia de que el feminicidio de Dafne no quede impune y de que se investigue a todas las personas involucradas.
Por ahora, corresponde al Poder Judicial valorar las pruebas aportadas por ambas partes y resolver conforme a derecho, sin presiones externas y respetando el debido proceso.
Más allá de las posturas encontradas, el objetivo de la justicia debe ser uno solo: esclarecer plenamente los hechos, identificar a los responsables con pruebas suficientes y garantizar tanto los derechos de las víctimas como las garantías constitucionales de quienes enfrentan un proceso penal. Ese equilibrio será determinante para que la resolución que finalmente emitan los tribunales tenga legitimidad jurídica y confianza social.
