Por Lidia Rita Bonilla Delgado| RealidadesMx
Altamira, Tamaulipas. El Gobierno Municipal ya puso en marcha la ruta hacia su Segundo Informe de Gobierno con un despliegue de informes previos por secretarías y direcciones. La estrategia busca mostrar el volumen de actividades realizadas durante el año, bajo el argumento de que sería imposible resumir en un solo evento todo el trabajo de la administración.
El mensaje del alcalde Armando Martínez Manríquez, es claro: se hace mucho y hay que contarlo. Sin embargo, la pregunta de fondo no es cuánto se hizo, sino qué cambió para la ciudadanía.
La administración insiste en contabilizar reuniones, recorridos, jornadas, entregas y eventos. Pero los informes públicos deben ir más allá de la suma de actividades. La verdadera rendición de cuentas exige indicadores verificables: ¿disminuyeron los tiempos para reparar fugas de agua?, ¿mejoró la recolección de basura?, ¿se redujeron los índices delictivos?, ¿hay menos rezago en pavimentación?, ¿cuántas familias dejaron de vivir en condiciones de vulnerabilidad gracias a los programas implementados?
En el caso del DIF, por ejemplo, la entrega de sillas de ruedas y otros apoyos provenientes de donaciones empresariales es una acción positiva y necesaria. No obstante, también evidencia una realidad que pocas veces se discute: la política social no puede depender exclusivamente de la buena voluntad de la iniciativa privada. La obligación del Estado es construir programas permanentes que garanticen derechos, no únicamente distribuir apoyos cuando existen donaciones.
La narrativa oficial también presume la coordinación con instancias estatales y federales. Sin embargo, esa coordinación debe traducirse en soluciones concretas para problemas que siguen afectando a la población, como el suministro de agua, el deterioro de vialidades, los riesgos por inundaciones, el crecimiento urbano desordenado y la calidad de los servicios públicos.
Realizar informes por dependencia puede fortalecer la transparencia, siempre y cuando no se conviertan en una sucesión de videos, fotografías y discursos de autocomplacencia. La ciudadanía necesita conocer cuánto se invirtió, qué metas se fijaron, cuáles se cumplieron, cuáles no y por qué.
El reto para el gobierno municipal no es organizar más actos de difusión ni producir mejores videos institucionales. El verdadero examen llegará cuando los ciudadanos contrasten el discurso oficial con la realidad que viven diariamente en sus colonias.
Porque la diferencia entre propaganda y rendición de cuentas es sencilla: la primera busca convencer; la segunda permite verificar. Y en un contexto donde los recursos públicos son limitados y las necesidades sociales son crecientes, los gobiernos deben ser evaluados por los resultados que transforman la vida de las personas, no por el número de eventos que logran documentar.