Ciudad de México.– Organizaciones y personas defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes de América Latina y el Caribe emitieron un llamado urgente para que la respuesta a la emergencia provocada por los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela coloque a la infancia en el centro de las acciones humanitarias.
El pronunciamiento advierte que el desastre ocurre en un contexto de alta vulnerabilidad social, caracterizado por el deterioro de los servicios públicos, inseguridad alimentaria, interrupciones educativas y debilidad de los sistemas de protección infantil, factores que incrementan los riesgos para millones de menores de edad.
Con base en datos de UNICEF las organizaciones señalan que alrededor de 1.8 millones de personas requieren asistencia humanitaria urgente, entre ellas aproximadamente 680 mil niñas y niños, mientras que 3.9 millones de menores de edad viven en las zonas afectadas por los sismos.
El documento sostiene que la respuesta debe garantizar acceso inmediato a agua potable, alimentación, atención médica, refugio, apoyo psicosocial, continuidad educativa, reunificación familiar y protección frente a cualquier forma de violencia, abuso o explotación.
Asimismo, las organizaciones alertan que, durante emergencias de esta magnitud, aumentan los riesgos para niñas y adolescentes, menores con discapacidad, neurodivergencia, integrantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y familias desplazadas.
Llamado al Estado venezolano y a la comunidad internacional
El pronunciamiento solicita al Estado venezolano activar todos los recursos institucionales para garantizar la protección integral de la niñez, fortalecer la coordinación con organismos humanitarios y facilitar el acceso de la cooperación internacional.
También pide a organismos como la Organización de los Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y agencias especializadas respaldar una respuesta técnica, transparente, imparcial y enfocada en las comunidades afectadas.
Entre las recomendaciones se encuentra fortalecer el Sistema Rector para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y apoyar al Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes , responsable de coordinar las políticas de protección infantil en Venezuela.
Cabe destacar que el posicionamiento enfatiza que la recuperación no debe limitarse a la reconstrucción de infraestructura, sino incorporar medidas inmediatas para garantizar derechos fundamentales como educación, salud, alimentación, protección y participación de niñas, niños y adolescentes.
Las organizaciones sostienen que la infancia no debe ser considerada únicamente como población afectada, sino como sujeto de derechos cuya participación e interés superior deben orientar las decisiones públicas durante la emergencia.
El citado comunicado coloca el foco en un aspecto que con frecuencia queda relegado durante las crisis humanitarias: la protección específica de la infancia.
En escenarios de desastre, la prioridad suele concentrarse en restablecer servicios básicos e infraestructura; sin embargo, organismos internacionales han documentado que estos contextos también incrementan riesgos de abandono escolar, violencia, trata de personas, separación familiar y afectaciones a la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
El llamado de las organizaciones busca que la respuesta humanitaria incorpore una perspectiva de derechos de la niñez desde las primeras etapas de atención y recuperación. No obstante, la efectividad de estas demandas dependerá de la capacidad de coordinación entre las autoridades venezolanas, los organismos internacionales y la sociedad civil, así como del acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria a las comunidades afectadas.