Operativo conjunto de Semar y PEMEX neutraliza dos tomas clandestinas en Altamira; persiste el reto contra el huachicol.
Redacción RealidadesMx
Altamira, Tamaulipas, 29 de junio de 2026. En un operativo coordinado entre autoridades federales y personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), fueron localizadas y clausuradas dos tomas clandestinas de combustible en la comunidad de Santa Juana, municipio de Altamira, un hecho que confirma la permanencia del robo de hidrocarburos en una de las zonas más estratégicas del país para la industria energética.
La intervención fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes establecieron un perímetro de seguridad mientras personal de Seguridad Física de PEMEX y técnicos del Sector de Ductos Madero inspeccionaban y sellaban las conexiones ilegales detectadas sobre un ducto ubicado a un costado de la carretera Tampico–Ciudad Mante.
De acuerdo con la información oficial, el operativo se originó tras un reporte emitido por personal de Seguridad Física de PEMEX. Durante la inspección fueron localizadas dos tomas clandestinas conectadas a la red de distribución de combustibles, las cuales fueron inutilizadas mediante procedimientos especializados para impedir la extracción ilegal de hidrocarburos y reducir riesgos para la población.
Mientras se desarrollaban las labores de clausura, personal de la Armada de México mantuvo un dispositivo de seguridad para resguardar a los técnicos y garantizar el control del área.
Persistencia del «huachicol»
Aunque el operativo permitió neutralizar ambas conexiones, el hallazgo pone de manifiesto que el robo de combustibles continúa siendo uno de los principales retos para las autoridades de seguridad y para PEMEX.
Las tomas clandestinas representan pérdidas económicas millonarias para la empresa productiva del Estado, además de incrementar el riesgo de explosiones, incendios, afectaciones ambientales y convertirse en una fuente de ingresos para organizaciones delictivas.
La región sur de Tamaulipas posee una importancia estratégica por concentrar ductos, terminales de almacenamiento, complejos industriales y el corredor energético vinculado al puerto de Altamira, infraestructura considerada prioritaria para la seguridad nacional.
Hasta el cierre de este reporte, las autoridades no informaron sobre personas detenidas ni revelaron cuánto tiempo permanecieron operando las conexiones ilegales.
La Secretaría de Marina reiteró que continuará colaborando con las instituciones del Gobierno de México para proteger la infraestructura energética y fortalecer las acciones contra los delitos que afectan el patrimonio nacional.
Cabe señalar que en los últimos años, el Gobierno de México ha reforzado la vigilancia sobre la red nacional de ductos mediante operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y Seguridad Física de PEMEX. Sin embargo, el hallazgo recurrente de tomas clandestinas demuestra que las organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos mantienen capacidad operativa para intervenir la infraestructura energética, particularmente en estados con alta concentración de ductos como Tamaulipas.
La ubicación geográfica de Altamira, donde convergen instalaciones petroquímicas, terminales marítimas y corredores industriales, convierte a la región en un punto de especial interés tanto para las operaciones logísticas de PEMEX como para los grupos dedicados al mercado ilícito de combustibles.
Sin embargo, el aseguramiento de estas dos tomas clandestinas representa una acción eficaz para contener un riesgo inmediato; no obstante, el operativo también evidencia que las redes de «huachicol» conservan presencia en el sur de Tamaulipas.
La falta de personas detenidas deja abierta la interrogante sobre el alcance de las labores de inteligencia para identificar y desarticular a las organizaciones responsables. Mientras las acciones continúen enfocándose únicamente en el sellado de las conexiones ilegales, el impacto será principalmente reactivo. El verdadero desafío para las autoridades será transformar estos aseguramientos en investigaciones que permitan judicializar a los responsables y debilitar las estructuras criminales que sostienen el robo de combustibles en la región.
