A casi un año de los hechos, la familia insiste en que hubo omisiones médicas; el caso avanza en los tribunales
Por Rufino Aguilera
Altamira, Tamaulipas. Lo que inició como una intervención quirúrgica que prometía mejorar la salud de un paciente terminó convirtiéndose en una batalla judicial que mantiene a una familia en busca de respuestas y justicia.
Berenice Sánchez Arredondo acudió este martes a una tercera audiencia en el Centro Integral de Justicia de la Sexta Región Judicial, donde se analiza la situación legal de dos médicos señalados por presuntas irregularidades en la atención brindada a su esposo, quien falleció después de una cirugía practicada en el Hospital Médica Salve.
La mujer reiteró su exigencia de que ambos profesionistas sean vinculados a proceso para que un juez determine, mediante el desarrollo de un juicio, si existieron responsabilidades penales derivadas de la atención médica proporcionada.
“Lo que buscamos es justicia”, expresó al término de la audiencia.
Un caso que pone bajo la lupa la responsabilidad médica
De acuerdo con el relato de la viuda, las complicaciones comenzaron poco después de la intervención quirúrgica realizada el año pasado.
Según explicó, su esposo presentó fiebre alta y otros síntomas que, presuntamente, fueron considerados normales por el personal médico responsable de su atención.
La situación se agravó con el paso de los días. Aunque el paciente fue dado de alta, posteriormente tuvo que regresar al hospital debido al deterioro de su estado de salud.
La familia sostiene que durante ese periodo no recibió la atención adecuada ni una respuesta oportuna frente a las complicaciones que se presentaban, circunstancias que finalmente derivaron en el fallecimiento del paciente.
Estas afirmaciones forman parte de la investigación judicial y deberán ser analizadas junto con los dictámenes médicos, periciales y pruebas aportadas por ambas partes antes de que la autoridad determine si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal.
Más allá de una indemnización
Uno de los aspectos que la denunciante ha enfatizado desde el inicio del caso es que su objetivo principal no se limita a una reparación económica por los gastos médicos y las afectaciones sufridas por la familia.
Para Sánchez Arredondo, el proceso busca esclarecer qué ocurrió durante la atención de su esposo y establecer si existieron omisiones, errores o conductas que pudieran constituir una responsabilidad legal.
La mujer también señaló que los médicos involucrados permanecen suspendidos temporalmente de sus actividades mientras continúan las investigaciones, una medida que considera necesaria para proteger a otros pacientes en tanto se resuelve el caso.
Un tema sensible para el sistema de salud
El caso ha despertado interés debido a que vuelve a colocar sobre la mesa un tema que suele generar controversia: la diferencia entre una complicación médica inherente a cualquier procedimiento quirúrgico y una posible negligencia profesional.
Especialistas en derecho sanitario señalan que no toda consecuencia adversa en una intervención médica constituye automáticamente una negligencia. Para acreditarla legalmente, las autoridades deben demostrar que existieron omisiones, actuaciones fuera de los protocolos establecidos o conductas que se apartaron de los estándares profesionales de atención.
Por ello, la decisión sobre una eventual vinculación a proceso no implica una sentencia de culpabilidad, sino únicamente que el juez considera que existen indicios suficientes para que la investigación continúe en una etapa más profunda.
La espera de una resolución
Mientras el proceso judicial avanza, Berenice Sánchez Arredondo asegura que continuará asistiendo a cada audiencia y agotará las instancias legales necesarias para obtener una respuesta definitiva sobre la muerte de su esposo.
A casi un año de los hechos, la familia mantiene la esperanza de que la justicia determine si la tragedia fue consecuencia de una complicación médica inevitable o si existieron responsabilidades que deban ser sancionadas conforme a la ley.
La resolución que emita la autoridad judicial en las próximas etapas será clave no solo para las partes involucradas, sino también para un debate cada vez más relevante sobre la calidad de la atención médica, la rendición de cuentas en los servicios de salud y los mecanismos de protección para los pacientes.
