Ciudad Victoria, Tamaulipas — 20 de abril de 2026.-El diputado presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Armando Prieto Herrera, subió a la tribuna este lunes con dos propuestas bajo el brazo: una para proteger a los adultos mayores y otra para encarcelar a quienes filtren información de seguridad pública. Ambas suenan bien. Ambas lucen bien. Y ambas, bajo el lente del escrutinio, huelen a maquillaje legislativo en un estado que necesita cirugía mayor.
EL PANISTA QUE SE VISTIÓ DE MORENISTA
Para entender la jugada hay que leer al jugador. Prieto Herrera no es un novato en la política tamaulipeca: fue diputado federal por el PAN, militó en Acción Nacional desde 2006 y ahora ocupa la presidencia de la JUGOB desde las filas de MORENA . Su trayectoria es un mapa del transfuguismo mexicano: de exigir reducción del IVA en la frontera norte a impulsar la agenda del gobernador Américo Villarreal. No hay ilegalidad en ello, pero sí una pregunta incómoda: ¿estas iniciativas responden a una convicción orgánica o a la necesidad de justificar su nueva militancia ante una base que lo recibió con recelo?
ADULTOS MAYORES: LA REFORMA QUE LLEGÓ TARDE Y VACÍA
La primera propuesta promete «atención preferencial» y eliminar «barreras administrativas, tecnológicas y de atención» para los adultos mayores. Suena a progreso. Hasta que se revisa el calendario legislativo: apenas el 9 de abril —once días antes— el mismo Congreso ya había reformado la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Periódico Oficial No. 43 . ¿Por qué otra reforma tan pronto? ¿Acaso la primera fue insuficiente, o Prieto Herrera intenta apropiarse de una agenda que ya estaba en marcha?
El comunicado oficial —redactado con el lenguaje pastoso de las oficinas de prensa gubernamentales— habla de «asistencia personalizada» y «simplificación de trámites», pero omite lo esencial: cuánto costará, quién capacitará a los servidores públicos, cómo se medirá el cumplimiento. En un estado con más de un millón de habitantes mayores de 60 años, la «atención preferencial» sin presupuesto es promesa de campaña, no política pública. Es la típica receta mexicana: se legisla el derecho, se olvida el recurso.
SEGURIDAD INFORMÁTICA: CUANDO LA TRIBUNA DESCUBRE INTERNET
La segunda iniciativa es más ambiciosa y, por tanto, más sospechosa. Prieto Herrera propone añadir el Artículo 207 Septies al Código Penal de Tamaulipas para sancionar el «uso indebido de información» en sistemas de seguridad pública, incluso cuando el acceso sea autorizado . Durante su exposición, el legislador advirtió que la extorsión ha migrado al mundo digital y que «la información se convierte en el principal insumo para la comisión del delito» .
Aquí el análisis se vuelve incómodo. En Tamaulipas, las filtraciones de datos desde centros de control (C4) y fiscalías no son teoría conspirativa: son la gasolina de las extorsiones telefónicas que azotan a la población. La pregunta que el comunicado oficial se niega a responder es: ¿esta iniciativa responde a un caso concreto reciente? ¿Hay funcionarios involucrados que la opinión pública desconoce? El silencio es ensordecedor.
Lo que sí revela la propuesta es políticamente valiente: el delito sería perseguido de oficio —sin necesidad de que la víctima denuncie— y los servidores públicos enfrentarían sanciones agravadas, destitución e inhabilitación . En un estado donde el crimen organizado coopta policías mediante la extorsión o el soborno, esto es un desafío directo a estructuras de poder que el propio Prieto Herrera, desde la JUGOB, debería saber que existen.
Pero hay una trampa legal: el Código Penal Federal ya tipifica delitos informáticos. ¿Por qué duplicar en la esfera estatal? La respuesta está en la persecución de oficio, una herramienta que el derecho federal no contempla para estos casos. Es una laguna que Prieto Herrera intenta tapar. La pregunta es si la Fiscalía de Tamaulipas —históricamente cuestionada por su autonomía— tendrá la capacidad y la voluntad de perseguir a sus propios operadores.
LA TECNOLOGÍA, SEGÚN PRIETO HERRERA: AMENAZA PARA UNOS, BARRERA PARA OTROS
Hay una contradicción no resuelta en el discurso del legislador. En la iniciativa de adultos mayores, la tecnología es una barrera que hay que eliminar para la inclusión. En la de seguridad informática, la tecnología es un riesgo que hay que encarcelar. ¿Cómo se promueve la alfabetización digital de los ancianos sin exponerlos a los delitos que la misma tecnología facilita? El comunicado no lo dice. La tribuna tampoco.
EL PROCEDIMIENTO: DEMOCRACIA SIN CIUDADANÍA
Ambas iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Estudios Legislativos Segunda y de Justicia . En un Congreso controlado por MORENA y aliados, su aprobación es cuestión de tiempo. Pero el proceso revela la verticalidad del poder legislativo tamaulipeco: no hay rastro de consulta a organizaciones de adultos mayores, no hay dictamen de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, no hay opinión de especialistas en ciberseguridad. Las leyes nacen en la tribuna y mueren en los titulares, sin que la sociedad haya tenido asiento en la mesa.
VEREDICTO: GESTO LEGISLATIVO, TRANSFORMACIÓN AUSENTE
Humberto Prieto Herrera cumplió con su labor de presidente de la JUGOB: puso temas en la agenda, generó titulares, refrendó su «compromiso con los tamaulipecos». Pero el análisis frío de sus propuestas deja un sabor agridulce: una reforma redundante en materia de adultos mayores, una reforma tardía en materia de seguridad informática, y en ambos casos, una ausencia total de mecanismos de implementación, presupuesto y supervisión.
En Tamaulipas, donde la violencia y la corrupción son estructurales —no coyunturales—, lo que se necesita no son más artículos en los códigos, sino voluntad institucional para hacerlos cumplir. La verdadera prueba de estas iniciativas no será su aprobación en el pleno —casi garantizada—, sino si dentro de dos años existe al menos una sentencia condenatoria por filtración de datos de seguridad pública, o si un adulto mayor de Reynosa o Nuevo Laredo puede decir, con certeza, que la burocracia estatal lo trató con dignidad.
La historia legislativa de México —y de Tamaulipas en particular— sugiere que ambas metas son, por desgracia, improbables. Y Prieto Herrera, experto en sobrevivir a los cambios de partido, lo sabe mejor que nadie.
Nota basada en comunicado oficial del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, Legislatura 66, y reportajes de Hoy Tamaulipas .