Ciudad de México, abril de 2026..- El Senado aprobó por unanimidad —109 votos a favor, cero en contra— una reforma constitucional que permitirá crear una nueva Ley General en materia de feminicidio. En el papel, suena contundente: homologar el delito en todo el país, cerrar brechas legales y, en teoría, combatir la impunidad.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue respaldada por legisladores de todos los partidos. Desde tribuna, la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz lo resumió con una frase que ya es consigna: «no más feminicidios, no más violencia contra las mujeres».
El problema es que eso mismo se ha dicho antes.
📉 El país de las leyes que no se cumplen
México no parte de cero. El feminicidio ya está tipificado en los estados. Existen protocolos, fiscalías especializadas y marcos legales que, en teoría, deberían funcionar. Pero en la práctica, la historia es otra:
- Investigaciones mal integradas
- Casos que se clasifican como homicidios «simples»
- Impunidad que sigue siendo la regla, no la excepción
Entonces la pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿realmente hacía falta otra ley o hacía falta que las existentes se cumplan?
Los números hablan por sí solos. Según el Censo de Procuración de Justicia 2025, en las fiscalías de toda la nación había 4,523 casos de feminicidio (consumados o en grado de tentativa). De esos, solo el 15% se judicializaron . «Esto es un escándalo», calificó la investigadora Sonia Frías Martínez de la UNAM.
Y no es solo eso: entre el 25 y 27% de las muertes violentas de mujeres comienzan siendo investigadas como feminicidios. El resto termina como homicidios dolosos, suicidios o accidentes —cuando no quedan en el limbo de los «casos sin clasificar» .
⚖️ Homologar no es sinónimo de justicia
La reforma busca algo lógico: que el feminicidio se investigue igual en todo el país. Hoy, dependiendo del estado, los criterios cambian, y eso genera desigualdad para las víctimas.
Bien. Eso es un avance.
Pero ojo: homologar la ley no garantiza que los ministerios públicos investiguen mejor, ni que los peritos tengan capacitación, ni que los jueces fallen con perspectiva de género.
En otras palabras: puedes tener una buena ley… y un sistema que no la aplica.
Como dijo la senadora Laura Esquivel (PAN): «Necesitamos y exigimos una ley que le dé presupuesto suficiente a las fiscalías» . Y eso es precisamente lo que no está garantizado.
🧩 El verdadero problema sigue intacto
El dictamen habla de prevención, sanción y erradicación. Suena completo. Pero hay silencios importantes:
- ¿Dónde está el presupuesto para implementar esta ley?
- ¿Quién va a vigilar a las fiscalías que no investigan?
- ¿Qué pasa con las víctimas indirectas, que siguen desprotegidas?
Porque sin recursos, sin vigilancia y sin consecuencias para autoridades omisas, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse en papel.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha denunciado que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres —uno de los mecanismos más importantes para enfrentar estas violencias— está hoy debilitada, opaca e ineficiente . A un año de que la Secretaría de las Mujeres federal asumió su seguimiento, no se observan avances; por el contrario, se eliminó la obligación expresa de que los estados alertados informen cada seis meses sobre el cumplimiento de las medidas.
🗣️ Consenso político vs. realidad social
Que la reforma haya sido aprobada por unanimidad manda un mensaje político claro: nadie quiere quedar del lado equivocado del tema.
Pero el consenso legislativo no necesariamente refleja una transformación en la realidad.
México sigue siendo un país donde matar a una mujer por razones de género, muchas veces, no tiene consecuencias. En la última década se han registrado 8,735 feminicidios, según datos citados por la senadora Alejandra Barrales durante el debate . Y eso sin contar los casos que nunca se clasificaron como tales.
La senadora Karla Toledo (PRI) advirtió sobre las inconsistencias en los registros: «Basta de cifras maquilladas (…) que no corresponden con la realidad» .
📌 La deuda sigue abierta
Sí, es un paso. Sí, puede ayudar a ordenar el marco legal. Pero no nos engañemos: el problema del feminicidio en México no es solo de leyes, es de voluntad, capacidad institucional y rendición de cuentas.
Mientras eso no cambie, cada nueva reforma corre el riesgo de convertirse en lo mismo de siempre: una buena intención… que llega tarde para las víctimas.
El Congreso tiene 180 días para expedir la legislación general. Veremos si esa ley incluye mecanismos de vigilancia real, presupuesto suficiente y sanciones para autoridades que no cumplan. Porque si no, estaremos ante otra reforma constitucional que se queda en letra muerta, mientras las mujeres siguen muriendo.