La entrevista radiofónica de anoche entre la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo y el periodista Lubin Jiménez Horak, no sólo aclaró puntos de la iniciativa para crear un Colegio de Periodistas en Tamaulipas: también exhibió sus zonas grises. Lo que comenzó como una explicación legislativa terminó convirtiéndose en un debate abierto sobre ética, autorregulación y libertad de expresión… justo cuando el gremio ya había encendido las alertas.
La entrevista de anoche dejó algo claro desde el arranque: la iniciativa no está cerrada políticamente. La diputada insistió en que la propuesta no nació desde el Congreso, sino de una solicitud presentada hace aproximadamente seis meses por una cooperativa de periodistas del sur del estado
Según explicó, ese grupo buscaba dignificar la labor periodística mediante capacitación, profesionalización y la construcción de un código de ética interno. Hasta ahí, el planteamiento parecía avanzar sin conflicto.
El problema apareció cuando el periodista entró al terreno fino del texto legislativo. Porque la iniciativa no sólo habla de capacitación. Habla también de incorporar la figura del Colegio de Periodistas dentro de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, algo que no existe actualmente en la norma estatal. Y ese detalle cambia el sentido completo de la propuesta.
Durante la conversación, la diputada explicó que la incorporación se refiere únicamente a reconocer la figura dentro del marco legal, no a imponer afiliación obligatoria ni a limitar la libertad de publicación. Incluso subrayó que no se contempla exigir títulos profesionales ni sancionar contenidos periodísticos.
Sin embargo, el momento clave de la entrevista llegó cuando el periodista preguntó directamente sobre los llamados “extrañamientos públicos”.Ahí estuvo el punto más sensible.
La legisladora explicó que estos formarían parte de mecanismos internos del propio colegio para establecer criterios éticos entre quienes voluntariamente decidieran integrarse. Es decir, serían instrumentos de autorregulación entre pares.Pero el cuestionamiento siguió.
¿Qué pasaría si un periodista no pertenece al colegio? La respuesta fue directa: no podría ser evaluado ni señalado por esa instancia. Aun así, la entrevista dejó flotando una duda importante: si el colegio existe dentro de una ley estatal, ¿sigue siendo completamente gremial o adquiere una dimensión institucional? Ese matiz es justamente el que detonó la reacción de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, coordinada por Cintya Gallardo, que ya había advertido horas antes que la iniciativa podría convertirse en un mecanismo de presión indirecta contra periodistas críticos mediante pronunciamientos “con efectos reputacionales”.
Durante la entrevista, la diputada intentó despejar ese señalamiento.Insistió en que la propuesta no contempla sanciones, multas ni restricciones a la libertad de expresión, y reiteró que los lineamientos éticos serían definidos por quienes integraran el propio colegio.
Sin embargo, el periodista volvió a poner el dedo en otro punto delicado del documento: la referencia a pronunciamientos éticos con impacto reputacional.
La respuesta fue nuevamente que serían acuerdos internos del organismo. Ahí quedó la tensión principal. Porque aunque la afiliación no sería obligatoria, el reconocimiento legal sí existe en el planteamiento.Y eso cambia la lectura pública del proyecto.
Otro momento relevante de la entrevista ocurrió cuando la diputada señaló que existen antecedentes en entidades como Sonora y Nayarit, donde hay figuras colegiadas vinculadas con criterios éticos en el ejercicio periodístico, lo que resulta falso, por cierto. Su argumento buscó colocar la propuesta dentro de un contexto nacional, no como una medida aislada. Aun así, la reacción del gremio muestra que el debate apenas empieza. Especialmente porque organizaciones de periodistas han advertido que cualquier mecanismo con respaldo legal que emita señalamientos públicos puede interpretarse como presión institucional indirecta.
La entrevista de anoche, más que cerrar la discusión, la amplió. Confirmó que la iniciativa sigue abierta a interpretación. Confirmó que no existe consenso gremial. Y confirmó también que el tema dejó de ser sólo legislativo para convertirse en un asunto político y profesional de primer orden dentro del estado.Porque cuando se habla de ética periodística desde el Congreso, el debate ya no es técnico. Es de confianza. Y esa, en el periodismo, se construye entre colegas… no desde la ley.