SEMARNAT frena megaproyecto turístico cerca de Cabo Pulmo y sienta precedente ambiental en México

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) anuló la autorización ambiental del proyecto turístico e inmobiliario Baja Bay Club, planeado a apenas 1.5 kilómetros del Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur.
La decisión representa un precedente importante para la protección de ecosistemas marinos y la legalidad en materia ambiental en México, al reconocer que el proyecto presentaba omisiones técnicas y riesgos significativos para el arrecife coralino más importante del Golfo de California.
El proyecto, promovido por el Fideicomiso Cabo Dorado, contemplaba la construcción de 422 villas, 275 habitaciones de hotel, un club de playa, infraestructura náutica y un campo de golf en una superficie de 600 hectáreas de dunas costeras.
Tras revisar los recursos presentados por organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México y colectivos comunitarios de Cabo Pulmo, la SEMARNAT determinó que la autorización otorgada en 2024 por su delegación estatal debía ser anulada.
La dependencia concluyó que el proyecto es técnica y jurídicamente inviable en las condiciones presentadas.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la omisión de tres arroyos temporales que desembocan en el mar, el riesgo de sedimentación y contaminación del arrecife, la posible interrupción de corredores biológicos hacia la Sierra de la Laguna y afectaciones a zonas de anidación de tortugas marinas y aves costeras.
Además, la autoridad ambiental confirmó que el promovente utilizó una estrategia conocida como fragmentación del proyecto, dividiendo el desarrollo en dos iniciativas —Baja Bay Club y Hotel Bahía El Rincón— para evitar una Evaluación de Impacto Ambiental regional que analizara los impactos acumulativos sobre la zona.
El fallo también señala la alta vulnerabilidad de la zona ante huracanes, lo que incrementaría los riesgos para la infraestructura y el ecosistema.
Con esta resolución, la SEMARNAT ordenó a su oficina en Baja California Sur emitir un dictamen negativo definitivo, aunque el desarrollador aún podría recurrir a mecanismos legales para impugnar la decisión.
La resolución marca un precedente relevante: los impactos reales de los megaproyectos no pueden ignorarse ni fragmentarse para facilitar su aprobación, especialmente cuando se trata de ecosistemas críticos.