Denuncian aumento de violaciones a derechos humanos en Chiapas bajo gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar

CHIAPAS, MÉXICO. — Organizaciones y activistas denunciaron un deterioro del clima de derechos humanos en el estado de Chiapas, donde —afirman— han aumentado las denuncias por detenciones arbitrarias, tortura, extorsiones y persecución contra sectores organizados de la población.
De acuerdo con testimonios recogidos en espacios de denuncia pública, la situación es especialmente preocupante en regiones como Ocosingo, donde comunidades campesinas y trabajadores enfrentan condiciones de pobreza estructural y una creciente presencia de corporaciones policiales.
Las denuncias señalan que, además de la precariedad social histórica del estado, en los últimos años se han incrementado las desapariciones forzadas y la persecución contra organizaciones populares.
Señalan a nueva corporación policial
Activistas responsabilizan particularmente a las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, un cuerpo de seguridad creado durante la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
Según las denuncias, esta corporación —presentada por el gobierno como una estrategia para combatir la impunidad— ha sido señalada por diversas personas por operativos violentos, detenciones arbitrarias y presuntos actos de tortura.
“Ha habido personas extorsionadas por esta corporación policiaca, otras detenidas de manera arbitraria y torturadas”, señalaron defensores de derechos humanos.
Algunos testimonios incluso aseguran que agentes han ingresado a viviendas sin orden judicial, donde presuntamente sustraen pertenencias de las familias.
Casos de tortura denunciados
Durante la conversación también se recordó el caso de un comerciante que habría sido detenido arbitrariamente y posteriormente hospitalizado durante 90 días, debido a las lesiones sufridas tras actos de tortura presuntamente cometidos por elementos de seguridad.
Para las organizaciones, estos hechos reflejan un patrón de violencia institucional que afecta particularmente a sectores populares y comunidades organizadas.
Críticas al discurso oficial
Los denunciantes cuestionaron el contraste entre el discurso gubernamental y la situación en el terreno. Señalan que el gobierno estatal ha promovido una narrativa de “humanismo” y transformación, pero que las violaciones a derechos humanos continúan registrándose.
“Se habla de un gobierno humanista, pero en los hechos vemos persecución, criminalización de la protesta y hostigamiento a quienes se organizan”, afirmaron.
Las organizaciones advierten que este contexto también genera un ambiente de presión contra la libertad de expresión y de organización, especialmente para quienes mantienen posturas críticas frente a las autoridades.
Contexto de pobreza y conflicto social
El estado de Chiapas es uno de los territorios con mayores niveles de pobreza y desigualdad en el país, una situación que, según activistas, se agrava cuando las respuestas institucionales se enfocan en estrategias de seguridad y no en la atención de las demandas sociales.
Para defensores de derechos humanos, la prioridad debería centrarse en garantizar justicia, investigar abusos y atender las causas estructurales de la desigualdad, en lugar de reforzar la presencia de cuerpos policiales señalados por abusos.