Las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación por 4.1 millones de pesos al ejercicio fiscal 2024 del gobierno de Ciudad Madero han generado una respuesta política que busca encuadrarlas como parte habitual del proceso administrativo.
El diputado federal Adrián Oseguera señaló que este tipo de señalamientos surgen constantemente en auditorías y que pueden tratarse de errores administrativos subsanables.
Sin embargo, especialistas en fiscalización pública recuerdan que una observación implica la necesidad de aclarar el uso de recursos federales mediante documentación comprobatoria. En caso de no solventarse, el proceso puede escalar a responsabilidades administrativas o incluso procedimientos resarcitorios.
En el contexto democrático, la discusión no debería centrarse únicamente en si el proceso es habitual, sino en la calidad de la información pública que se proporciona a la ciudadanía.
En particular, el caso de los camiones recolectores mencionados en la rueda de prensa abre una interrogante técnica:
¿La observación corresponde a inexistencia física, diferencias contables o falta de documentación comprobatoria?
Hasta ahora, no se han difundido detalles técnicos del pliego de observaciones.
El derecho ciudadano a la información exige más que declaraciones políticas: exige documentos, plazos y resultados verificables.
En materia de fiscalización, lo verdaderamente normal debería ser la transparencia total.